Por: Jorge Soto Daza
Ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tomada el pasado jueves, de ordenar que en las siguientes 48 horas fueran suspendidas las operaciones militares de los Estados Unidos en Colombia, el Gobierno Nacional se mantuvo en que la cooperación con Estados Unidos continuará sin cambios, debido a que, en su concepto están en el país en el marco de acuerdos de cooperación militar, y se trata solo de una asesoría y acompañamiento en operaciones contra el narcotráfico, sin que los militares extranjeros actúen en el campo de batalla. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el fallo será impugnado ante el Consejo de Estado.
La decisión del Tribunal responde a una acción de tutela interpuesta por un grupo de congresistas de oposición al Gobierno, quienes están convencidos de que el arribo a Colombia el pasado 1 de junio de los 53 militares, pertenecientes a la Misión SFAB de la brigada élite del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, debió consultarse con el Senado de la República, como lo señala el Artículo 173 de la Constitución Nacional. Sin embargo, desde el Gobierno defienden la tesis de que esos militares no están en tránsito y que, por tanto, esa cooperación va a mantenerse, para garantizar “la seguridad y la soberanía del territorio colombiano”.
Son argumentos que suenan paradójicos, y que seguramente llevarán a nuevas discusiones, alrededor del sentido de esa cooperación que lleva décadas en el país, pero que deja demasiados asuntos a expensas de interpretaciones ambiguas. El fallo también ordena que se presente un informe detallado de las tareas desarrolladas en el país por los militares norteamericanos, lo cual tampoco será atendido, al parecer, por el Ejecutivo. No obstante, el Gobierno tiene la responsabilidad de aportar claridades a una situación que es, sin duda, confusa.
No es descabellada la teoría de que, en este caso, el presidente Iván Duque se dio atribuciones que no tiene, lo que podría ponerlo en aprietos si el resultado de la impugnación le desfavorece. Ahora bien, como supuestamente la presencia de los militares es por cuatro meses, muy probablemente para cuando se falle los uniformados estadounidenses ya estén a punto de irse o, incluso, ya habrán regresado a su país.
Para defender sus determinaciones, el presidente Duque afirma que esa cooperación ha dejado varios logros: “Llevamos más de 300 extradiciones, la mayor reducción de área sembrada en seis años, las mayores incautaciones de cocaína, y avanzamos con nuestros aliados internacionales en campañas contra ese flagelo”.
El hecho de que algunos de esos militares permanezcan en zonas del Catatumbo, Norte de Santander, en límites con Venezuela, además de inoportuno ha sido interpretado como una provocación innecesaria de Colombia al régimen de Nicolás Maduro, lo que podría ocasionar perjuicios a nuestro país. No pueden menospreciarse las animadversiones de Estados Unidos con Rusia, China o Irán, países que respaldan al dictador venezolano, y también sabemos de la actitud arbitraria del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha demostrado que no es un hombre de palabra.
