Alcaldía de Santa Marta asigna millonarios contratos a emisora y página digital

 Estos contratos, firmados por el alcalde Carlos Pinedo, tienen una duración de nueve meses, abarcando hasta diciembre de 2024.

Lo que resalta en esta situación es que ambos medios no habían recibido contratos de la alcaldía durante los últimos 13 años, tras declararse opositores al Cambio. Sin embargo, su apoyo público al actual alcalde en su campaña electoral, les cambió el panorama y ahora el cuestionado gobierno les respondió por su apoyo, concediéndoles los 35 millones de pesos mensuales del erario, el cual es de los contribuyentes y debería ser usado para obras y no para pagos de favores y maquillajes.

Es importante señalar que tanto Radio Magdalena como Opinión Caribe se han posicionado como voces de oposición en el pasado, defendiendo puntos de vista contrarios a los gobernantes previos. Sin embargo, su respaldo al actual alcalde, quien llegó al poder tras una disputa legal, ha resultado en la asignación de estos contratos millonarios.

Cabe destacar que el proceso electoral que llevó a Carlos Pinedo a la alcaldía estuvo marcado por la controversia, ya que su victoria fue cuestionada y finalmente se decidió a su favor, luego de una demanda por parte de Jorge Agudelo, quien originalmente había sido declarado ganador por voto. La relación entre estos eventos y la asignación de contratos a medios de comunicación que respaldaron al alcalde hoy, añade un nuevo elemento de debate a la situación política en Santa Marta.

La asignación de estos contratos ha generado críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes ven en esta acción un potencial conflicto de intereses y un uso indebido de recursos públicos en favor de medios de comunicación afines al gobierno municipal. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, este tipo de decisiones deben ser examinadas con detenimiento, para garantizar que se cumplan los principios democráticos y se evite cualquier tipo de favoritismo o nepotismo en la asignación de recursos públicos.