A Propósito de la huelga de hambre de funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta

Cuando quienes administran la cosa pública incurren en arbitrariedades o desafueros (como está ocurriendo bajo la administración de Andrés Rugeles) una de las salidas más acertadas es la resistencia y desobediencia civil. Consiste en uno o varios actos no violentos, conscientes y políticos, que contrarían una ley o una decisión político-administrativa que afecta las condiciones de trabajo y los derechos de una comunidad.
La resistencia y desobediencia civil implica un desconocimiento de la representación de un funcionario o de una o varias de sus acciones, mediante acciones pacíficas, destinadas a ser contempladas y apoyadas por la ciudadanía y los movimientos o partidos políticos. Su finalidad es generar una reflexión colectiva, capaz de cambiar una situación que afecta, por injusta, concientizando a los ciudadanos sobre el mal que provoca e invitándolos a movilizarse para acabar con ella.

En tal sentido, nuestras normas admiten el derecho a contrariar o desobedecer al funcionario o al acto injusto. Se tiene ese derecho por parte de los ciudadanos, toda vez que el funcionario o el acto oficial invade o maltrata injustamente sus derechos.

La resistencia y desobediencia civil se amparan en el ejercicio de tres derechos fundamentales: la libertad de conciencia, libertad de expresión y de participación política.

Finalmente, la desobediencia civil se corresponde con la participación política, pues, al ejercerla, el ciudadano busca participar en los asuntos públicos, mejorando la realidad social a través de la denuncia de “algo” que viola los derechos de sus semejantes. Los detractores de la resistencia y desobediencia civil afirman que cuando el funcionario viola una norma, éstas carecen de sentido porque existen mecanismos legales para restaurar los derechos o las condiciones que favorezcan a la mayoría de la población. Pero, el agotamiento de las vías judiciales requiere, casi siempre, de “demasiado tiempo”. Lo anterior permite pensar que los ciudadanos no tienen por qué soportar agravios a sus derechos y a sufrir los efectos de un daño muchas veces irreversible, como cuando se incumple con la ejecución de los programas y proyectos contemplados en un Plan de Desarrollo.

Finalmente, la resistencia y desobediencia civil connotan un “estado de necesidad moral”, es decir, un imperativo moral que impide al ciudadano quedarse quieto y son las circunstancias las que lo  obligan a luchar o hacer “algo” por los derechos propios y de los demás.