Malos servicios de Electricaribe, una ‘bomba de tiempo’ a punto de explotar

Siendo el detonante más reciente, el histórico fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico a favor del dirigente costeño, Carlos Caicedo, quien en 2018 interpuso ante dicho despacho judicial cuatro medidas cautelares, de las cuales dos fueron aprobadas por este órgano en aras de frenar cualquier cambio de operador y aumento de las tarifas del servicio prestado por Electricaribe, sin la previa socialización ante sus usuarios en la región.

FRENAN ALTAS TARIFAS DE ENERGÍA:

Todo inició en 2017, cuando Caicedo agotó el requisito de procedibilidad ante el Gobierno y la misma Electricaribe. En septiembre de ese mismo año, radicó la acción jurídica ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo que el 22 de enero de 2018 el Despacho admitió la acción y el 24 de agosto del año pasado, el exalcalde de Santa Marta solicitó las respectivas cautelas.
En la orden judicial proferida el pasado 18 de enero y notificada el 12 de febrero de 2019 se le decreta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que “antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados –en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar”.
Asimismo, el Tribunal exige que los dos meses de concertación en cada departamento se hagan como mínimo dentro de un mes; y la Procuraduría sea la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; todos los resultados de esas mesas de difusión deberán ser analizados a profundidad por la Comisión con el fin de argumentar o no la necesidad del cambio de tarifas.

El fallo también ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y “a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg –y todas las partes implicadas-.

Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los entes territoriales en los que incide”.
La providencia apunta a que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora; es decir, Caicedo deberá participar al ser él quien interpuso las medidas para frenar la privatización de la electrificadora y el aumento de las tarifas.

EN ‘CORTO CIRCUITO’ CON LA COMUNIDAD:

A la iniciativa se sumaron cerca de mil organizaciones sociales, comunales, sindicales y comerciales que coadyuvaron a Caicedo en las medidas después de esperar más de 20 años para que una voz líder los representara ante los tribunales.
En total fueron 269 Juntas de Acción Comunal de seis Departamentos del Caribe las que respaldaron esta lucha motivada por el otrora mandatario de la capital del Magdalena.

A ELECTRICARIBE ‘SE LE FUERON LAS LUCES’ CON LA CONTRALORÍA:

Y es que la crisis de Electricaribe se agudiza al punto de caer en un profundo ‘apagón’ después que en noviembre de 2018 la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Nación dispuso un proceso de evaluación a las pruebas que actualmente comprometen a esta empresa de servicios en supuestos hechos de corrupción.

El organismo de control avanza precisamente en dos casos de posibles irregularidades sobre el manejo de recursos por conceptos de subsidios, los cuales debían destinarse a los usuarios más vulnerables de las redes de Electricaribe.

El resultado arrojó el hallazgo de irregularidades por 220 mil millones de pesos en la comisión de un presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe.
Ya en el segundo caso, se hallaron anomalías por 6 mil millones de pesos en recursos de normalización o mejoramiento energético que tampoco se usaron en las denominadas “zonas subnormales”.

Por otra parte, la comisión de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo viene considerando una sobretasa de $4 por kilovatio-hora para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, como su última carta para, presuntamente, solventar la crisis de energía en el litoral norte. Lo que muchos expertos han analizado como “una ‘vaca’ que deben asumir los colombianos para salvar a Electricaribe”.
Dicha medida se piensa incluir en un plan orquestado por el Gobierno Nacional, que espera se escoja el operador o los operadores de la citada empresa.