Una de las causas atribuibles al aumento del contagio del Covid19 en Santa Marta, como también en otras ciudades, es la llamada “indisciplina social”. Se señala categóricamente que cierta “gente” hace caso omiso de las medidas tomadas por los diferentes entes del Estado, tales como el aislamiento o confinamiento social, las estrictas medidas de higiene personal y el uso permanente de la mascarilla. Se sabe que no solo no se quedan en casa, sino que realizan actividades lúdicas, deportivas y hasta festivas, estas últimas, acompañadas por el licor, con una notoria aglomeración de personas en cualquier hora del día o de la noche. Esto sin contar los esporádicos bloqueos de vías o carreteras por la no entrega de mercados populares o, por el contrario, el desorden ocasionado en el caso de tener que reclamarlos en los centros señalados de abastecimiento. Es decir, existen sectores de la sociedad que no responden de una manera oportuna y adecuada ante el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Esto es algo inocultable.
¿Por qué ha venido ocurriendo este tipo de anomia? ¿Quiénes son los responsables de este disfuncional comportamiento? Lo que uno escucha o lee está más referido más a la fenomenología de los hechos (cómo y dónde) y no a las razones de fondo o a la causalidad que explique el fenómeno, lo que conllevaría, a manera de ejemplo, a condenar a los pobres por su misma pobreza. En este caso a los indisciplinados por su indisciplina. Si solo describimos el fenómeno de la “indisciplina social” se mueren de la risa las élites y clanes familiares que han gobernado a Santa Marta y el Departamento del Magdalena, como si acaso no les cabe la mayor cuota de la responsabilidad.
La construcción de una cultura ciudadana debe ser uno de los principales retos de los gobiernos democráticos, especialmente, a nivel de lo urbano, en donde se presenta una mayor concentración demográfica, con la subsecuente diversidad cultural originada por constantes procesos inmigratorios. En el caso de Santa Marta, por ejemplo, de una población total de 538.612 (proyección del DANE 2020) alrededor del 27% – 30% (150.000 a 200.000) son personas que se establecieron en la ciudad en razón de haber sido víctimas del desplazamiento forzado y, en los últimos años, debido a también a los refugiados venezolanos (40.000 – 70.000 personas). Todo esto sin contar con el arrastre de gente de otras ciudades y pueblos de departamentos vecinos durante las épocas o temporadas turísticas. Sin duda alguna todas estas circunstancias, en términos generales, acrecientan la pobreza, la informalidad y la marginalidad social en el territorio.
Si a lo anterior le agregamos que la tónica de los gobiernos tradicionales tanto en el distrito de Santa Marta como en el Departamento del Magdalena nunca implementaron de una manera sistemática una política de construcción de cultura ciudadana, por medio de la cual cada ciudadano, no solo reconozca que tiene una serie de derechos, establecidos por la Constitución, las Leyes y los Convenios internacionales, sino que también tiene una serie de deberes y responsabilidades en lo cívico, lo democrático y lo político, creo que vamos entendiendo mucho mejor las razones por las cuales la gente no responde de una manera “consciente” e inmediata a las medidas oficiales que han sido establecidas para la prevención y el control de la pandemia del Covid19.
Son las mismas razones que han sido identificadas como dilemas propios para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible por parte de cualquier sociedad. La pobreza, la informalidad y la marginalidad social (que generan pérdida de autoestima y desarraigo) tienen un impacto, además, en el aumento de los conflictos de convivencia urbana y en las tasas de los delitos más frecuentes ¿Cómo mejorar la convivencia ciudadana en estas condiciones y, a la vez, asegurar el ejercicio de los derechos, deberes y libertades? Sabemos que los gobiernos de Santa Marta desde hace tantas décadas no han entendido ni convertido la cultura ciudadana en una herramienta de la gestión pública que sea efectiva para enfrentar los retos de la sociedad, es de lógica esperar entonces estos comportamientos anímicos en algunos espacios físicos y sociales en el territorio urbano.
La propuesta de una cultura ciudadana supone lograr transformaciones de carácter político y cultural que promuevan el fortalecimiento o la adopción de creencias, ideas, valores, prácticas y costumbres compartidas socialmente que favorezcan la convivencia en sociedad, a través del fomento de dos principios de acción ciudadana: la corresponsabilidad y la autorregulación. Y esa es una de las tareas que vienen siendo abordadas en los dos últimos periodos por parte del Gobierno de Santa Marta.
Por eso se torna incomprensible que las élites o los clanes familiares gobernantes de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, saecula saeculorum, atribuyan a los gobiernos de V. Johnson y C. Caicedo, una presunta responsabilidad del comportamiento disfuncional de una parte de la sociedad, que no se acoge de una manera responsable a las normas decretadas para preservar la salud y evitar el contagio del Covid19. El modelo de político y de gobierno de estas élites o clanes familiares fue siempre el que los gobernados (ciudadanos) se mantuviesen al margen de la función pública, para de esta manera llevar a cabo toda clase de fechorías y despropósitos, ofreciendo, como siempre lo han hecho, a las comunidades acciones demagógicas, populistas y de beneficencia. Como siempre se trata de ver la paja en el ojo ajeno negándose a ver la viga en el ojo propio.
En este sentido, la cultura ciudadana se ha convertido en una herramienta efectiva que no solo produce resultados en el reconocimiento de las normas de convivencia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, sino que lo hace a través de un ejercicio necesario de construcción de ciudadanía, armonización entre derechos, deberes y libertades ciudadanas, elementos centrales para avanzar hacia el fortalecimiento de una democracia participativa e incluyente. Sin embargo, en esta ecuación de construcción de la democracia el gobierno no es el único actor responsable, también son los ciudadanos y las ciudadanas al apropiarse de sus derechos, de sus deberes y responsabilidades. Se trata de construir una autentica gobernanza que permite una legitimidad y mandato social de los gobernantes.
