Las mentiras sobre el supuesto despido de personal del Hospital Julio Méndez Barreneche

El jueves 30 de abril terminarán los contratos de prestación de servicios que el anterior gerente del Hospital Julio Méndez Barreneche, Tomás Díazgranados, dejó firmados antes de terminar su gestión. El hecho implica que se vence la vinculación de más de 500 contratistas, especialmente del área administrativa que por años trabajaron con la familia Díazgranados.

Ahora, los contratistas decidieron hacer pública una carta en la que supuestamente se anticipan “a los acontecimientos sobre una decisión tomada por el Gobernador del departamento del Magdalena Carlos Caicedo, quien ya tiene lista una orden para finalizar los contratos a más de 500 personas vinculadas por prestación de servicios”.

La carta de marras asegura que el gobernador del Magdalena hará prácticamente una masacre laboral. ¿A razón de qué? ¿El problema es que se prescinde de los servicios de personas que solo responden a intereses políticos? ¿O que se racionaliza el gasto en un centro asistencial con múltiples deudas?

Los contratistas, que son del área administrativa, suponen que habrá una “acción totalmente discriminatoria y evidentemente inquisidora”, como si se tratara de un crimen racionalizar el gasto y organizar mejor una estructura ineficiente y que solo responde a intereses políticos.

En el documento, que ha sido divulgado sin cuestionamientos por un sector de la prensa que le es afín, se les olvida mencionar algunos detalles importantes de la problemática del hospital para desviar la atención.
Le contamos: solo al iniciar el año el secretario de Salud Departamental, Jorge Bernal, dejó en evidencia que el saliente gerente, Tomás Díazgranados, omitió lo establecido en el Decreto 025 del 13 de enero de 2020 de la Gobernación del Magdalena, enfocado al “Plan de Racionalización del Gasto y Sostenibilidad de Hospitales”.

“El gerente del Hospital, Tomás Díazgranados, decide no acogerse al Plan de Racionalización del Gasto y agudiza la crisis del centro asistencial a 3 meses de irse del cargo, luego que, de los 38 mil millones destinados para la vigencia 2020, el directivo, comprometió cerca de $21 mil millones en contratos de 4 meses y dejó en peligro la salud de los magdalenenses”, manifestó en su momento el gobernador Caicedo.

El hospital Central, que solo entraría en operación hasta 1990 después de 17 años de estar en construcción y que desde ese momento hasta la actualidad ha vivido sumida en una eterna crisis, fue calificado en el 2015 con riesgo medio por el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que tuvo que entrar al programa de saneamiento fiscal y financiero durante un periodo de 10 años.

“En este momento el Hospital es insostenible, no hay solvencia, hay un vacío de alrededor de $40 mil millones, se han ocultado informes de la superintendencia y se ha contratado hasta el mes de abril pasando por encima del decreto que ordena el control del gasto en los hospitales públicos. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica Departamental, Crispín Pavajeau, anunció que se interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría, denuncia penal ante la Fiscalía y un reporte administrativo a la Contraloría, sobre las acciones irregulares”, precisó, en su día, el gobernador.

40 trabajadores de planta y cerca de 900 contratos por orden de prestación de servicios, de los cuales más de 350 están relacionados con el área administrativa; la inexistencia de equidad e igualdad de trato al momento de definir las necesidades del área administrativa con respecto a las necesidades de la prestación del servicio y la falta de una tabla que defina igualdad de criterios para qué trabajadores, que hacen las mismas actividades, tengan asignados el mismo pago de honorarios, hacen parte de las irregularidades que está afrontando en la actualidad el nuevo gerente Jairo Romo.