El silencio cómplice de la Presidencia

El Señor Presidente, tiene la obligación constitucional y legal, de aplicar la normatividad vigente, no puede abandonar su responsabilidad de contribuir a la buena marcha de las entidades territoriales.

Hoy se vence el plazo para que tome la decisión pública de designar a alguno de los ternados, especialmente, después de haberse hecho el estudio de sus hojas de vida y su acreditación que permitió la viabilidad jurídica, según conceptuó el Ministro del Interior.

Ninguna autoridad nacional puede ignorar sus deberes, tampoco tiene facultades para violar la constitución y la ley por complacer intereses políticos o particulares mezquinos, que ponen en peligro la democracia local.

El gobierno nacional tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional, que establece un modelo de gobierno en donde la descentralización y la autonomía tienen un rol fundamental en la construcción de una nación diversa y plural.

Las ciudades tienen hoy un papel importante en la vida democrática de la nación, concentran en su interior el mayor número de habitantes, aportan el más importante porcentaje del PIB, poseen el superior poder adquisitivo percápita, disponen de la mejor infraestructura pública, gozan de un capital humano de alto nivel. Por todos esos atributos, son el territorio de las oportunidades para los ciudadanos, cuando se gobiernan democráticamente y ése es el ejemplo del Distrito de Santa Marta.

El Distrito tiene todas las ventajas comparativas que se pueden alcanzar por la naturaleza, lograr un territorio sostenible e incluyente, sin embargo, la existencia de un establecimiento ilegal, ha impedido que se avance, que se tengan metas y visión de alto nivel.

La cultura de la ilegalidad que impulsa y promueve la élite mezquina y tramposa que ha construido un ecosistema ilícito, que han conspirado contra la legalidad y el bienestar, son los únicos responsables del desconocimiento de la Constitución y la ley.

La inmovilidad social y política es una señal del proceso de empobrecimiento de la sociedad, cuando las políticas públicas se empecinan en reproducir la exclusión y la desigualdad, cuando impiden que nuevos agentes y actores irrumpan en la vida económica, política, social, cultural y ambiental, entramos entonces en un período de decadencia de la democracia.

Una democracia constitucional se rige por normas, por su carta fundamental, ésa es la regla de oro de una sociedad decente. El mandato superior nuestro reconoce el derecho a la diversidad y la dignidad humana, ningún gobernante que se precie de ser demócrata puede desconocer y violentar o destruir esa realidad jurídica, social, política y cultural.

Pulverizar la participación de los ciudadanos, para congraciarse con agentes económicos y políticos ilegales, es empezar un camino sin retorno a la dictaduras degeneradas.

Desde el Salón Blanco, trinchera de la lucha por la democracia y la dignidad humana, apelamos a la conciencia de los ciudadanos, para que comprendan que estamos enfrentando un modelo de perversidad y degradación ilícita.

Comunicado de los huelguistas del Palacio del gobierno distrital de, Santa Marta, mayo 18 de 2019.