El fallo del Consejo de Estado acabó de confirmar la cruel y consabida intención del presidente de Colombia, Iván Duque, cuando nombró como alcalde encargado de Santa Marta a Andrés Rugeles, con el cual quería despojar del poder administrativo de la ciudad al movimiento político que ha ganado las dos últimas elecciones, liderado por el exrector de la Unimagdalena, Carlos Caicedo Omar, con el firme propósito de entregárselos en bandeja de plata a las familias tradicionales que gobernaron a la urbe por 200 años, para que en estas elecciones próximas a realizarse el 27 de octubre, retomaran las riendas del Distrito y en consecuencia, volvieran a la “normalidad” de gobernarnos por 200 años más en la capital del Departamento del Magdalena, “normalidad” que fue interrumpida por el fenómeno político que en los últimos ochos años en la región, no solo les dio sopa y seco, sino que también les enseñó que para recoger hay que sembrar y sobre todo que, con obras para mostrar, es más fácil lograr que el pueblo se vuelva a enamorar y a confiar.
Sin duda, el fallo del Consejo de Estado también nos reveló otra gran verdad, cuál es la de que el nombramiento de Rugeles fue al final un fiasco o un verdadero ‘paquete chileno’, con el que nos engañaron o timaron, sobre todo a los pocos indecisos que es la hora y aún les creen, pese a esa última decisión judicial del Consejo de Estado.
La otra gran realidad que nos develó tambien el Consejo de Estado es que de ahora en adelante el presidente Duque no podrá volver a utilizar esa misma “jugadita” judicial o estrategema, para quitar del medio a la inminente alcaldesa de Santa Marta de los próximos cuatro años a partir del 2020, nos referimos a la hoy aspirante Virna Johnson, la favorita de los samarios que creen será la que reemplazará a Rafael Martínez, el segundo más perjudicado por el gran ‘paquete chileno’ que le metieron a Santa Marta, ya que con eso le retrasaron la administración con la cual se había posicionado como la segunda después de la del Alcalde de Barranquilla Alex Char, en el ámbito político administrativo de la costa del Caribe colombiano.
Desde ahora en adelante, la gracia de no pararle bolas a la terna de un movimiento político que pida se le nombre a uno de sus miembros en reemplazo de un gobernante de su huestes que fue separado de su cargo, tendrá que atenerse a la consecuencias, porque con la sentencia del Consejo de Estado se sembró ya un precedente del cual muchos podrán basarse para unas futuras demandas y todo gracias a la ambición de poder o favorecimientos por parte de un Presidente en contubernio con unos cuantos poderosos locales, queriéndose perpetuar no sólo en el manejo administrativo de la ciudad donde poseen las oficinas de sus bienes de todo el Departamento, sino también de todo el Magdalena.
