Por Daniel Payares Montoya**
Por cuenta de la pandemia, Colombia tendrá este año su peor contracción económica en el último siglo. La CEPAL y la Universidad de los Andes han estimado que la pobreza y la desigualdad podrían incrementarse a niveles similares a los de hace 10 o 20 años. Esto es, dos décadas de logros de la política social y de dinamismo económico, principalmente producto del boom minero energético, borradas en pocos meses.
Las medidas de salud pública para hacerle frente, como toques de queda, pico y cédula y la prohibición de realizar actividades no esenciales, entre otras, han salvado vidas y evitado el colapso del sistema de salud, pero también han generado consecuencias negativas en lo social y lo económico. Esta situación ha desnudado la fragilidad de un país que, aunque catalogado como de ingreso medio-alto, sigue siendo extremadamente vulnerable.
Nada refleja mejor dicha vulnerabilidad que lo que ha sucedido en el mercado laboral. Entre marzo y junio, la tasa de desempleo, que ya era escandalosamente alta, pasó de 12,2 % a 19,8 %, posicionando a Colombia como el país con peor desempeño de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En ese lapso se perdieron 3.6 millones de trabajos y 2.3 millones más pasaron a catalogarse como inactivos. Según Anif, la pérdida de ingresos laborales de los hogares colombianos entre abril y agosto asciende a $20 billones.
Medidas gubernamentales de carácter temporal, como el subsidio a la nómina para apoyar a las empresas, han sido insuficientes para frenar el desempleo y su permanencia en el tiempo no es clara.
En este escenario, el Gobierno nacional ha decidido convocar una misión para que presente estrategias e instrumentos de política pública que permitan contrarrestar la crisis y las fallas estructurales del mercado laboral colombiano.
Sin embargo, en los últimos años ejercicios similares han producido diagnósticos y recomendaciones que han tendido a ser ignorados. Un ejemplo de esto son la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria de 2015, la Comisión de Gasto e Inversión Pública de 2017 y la Misión para la Transformación del Campo de 2014. Además, para cuando la misión presente su informe final, en 2021, puede ser muy tarde.
Más problemático aún es el hecho de que las misiones se inclinan a jugar en el escenario de “lo posible” bajo los modelos institucionales vigentes. Si algo han mostrado décadas de un mercado laboral mediocre, incapaz de brindar oportunidades y bienestar para los colombianos que quieren trabajar, es que más allá de darle oxígeno a un arreglo caduco, lo que se necesita es que la creación de empleo sea el principal objetivo de la política económica y social del Gobierno.
Esto pasa por reconocer el valor intrínseco del empleo. Las personas no solo trabajan para recibir una remuneración que luego consumen o ahorran. También, lo hacen para sentirse dignificadas, aportar a la sociedad y autorrealizarse. El desempleo no solo afecta la productividad y habilidades de los trabajadores; también afecta su salud física y mental, su autonomía e iniciativa y su relación con lo público. En últimas, su capacidad de vivir una vida que consideran digna de ser vivida, situación que no se refleja en las estadísticas de ingreso per cápita.
Esto debería dar pie a que, en el corto plazo, algunas de las herramientas de política existentes se orienten hacia la creación de trabajos. Por ejemplo, los incentivos y fondos públicos destinados a innovación podrían dirigirse a empresas que promuevan al mismo tiempo el cambio técnico y la generación de empleo, no a su eliminación, y al uso de tecnología que se adapte al capital humano disponible, con un foco en el de nivel bajo de cualificación. Así mismo, se deberían potenciar y expandir estrategias de formación y reentrenamiento, especialmente para aquellos más vulnerables, para que puedan engancharse en sectores económicos que ya han sido identificados como motores de la cuarta revolución industrial y que tienen demanda nacional e internacional. Los esfuerzos que Ruta N en Medellín y la Cámara de Comercio de Bogotá vienen realizando pueden servir como referentes.
En el mediano y largo plazo se debería convocar un pacto nacional por el empleo que incluya el diseño y puesta en marcha de una agenda ambiciosa y transformadora, donde esté alineada la mayor cantidad posible de actores sociales.
Hace algunos años, Andrés Velasco, ministro de Hacienda de Chile durante la presidencia de Michell Bachelet, escribió que el empleo es la clave para reducir la desigualdad. Se quedó corto. No solo es la clave para reducir la desigualdad, sino para garantizar el bienestar de una sociedad. Para entender esto no se requiere esperar el informe final de una misión.
* Este artículo fue publicado originalmente el lunes 31 de agosto de 2020 por el periódico El Colombiano de Medellín
** Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley
