En muchas ocasiones hemos escuchado la frase “una manzana podrida daña a todas las demás”. Esta afirmación puede aplicarse de manera metafórica en distintos ámbitos de la vida, pero ¿qué pasa cuando se aplica literalmente a un ente como el CNE?
Si bien es cierto que han anulado candidaturas en cumplimiento de los reglamentos, también es muy cierto que han ocasionados daños colaterales por algunas de sus decisiones, como la que tomaron en el caso de la favorita candidata a ocupar la Alcaldia de Santa Marta, Patricia Caicedo, a quien no sólo le quitaron el derecho de ser elegida, sino que también le quitaron el derecho de elegir a su candidato a más de 150 mil habitantes, el caudal de votantes del partido Fuerza Ciudadana en la ciudad.
Pero como si eso no fuera poco, ocasionaron el daño irreparable de no permitir que el partido FC inscribiera otro candidato con el argumento de que no se podía mientras la resolución que anuló la candidatura no estuvieran en firme, lo cual iban a hacerlo hoy lunes. Es decir, cuando según los reglamentos, ningún partido puede ya modificar sus listas o candidaturas.
Ese chicharrón que crearon los no tan ilustres magistrados del CNE y que ahora deben remendar, porque fueron los únicos que lo crearon, violentando lo que deben preservar, no es más que una entramada bien armada, para cortarles los derechos ya mencionados al primer constituyente en Santa Marta, o sea a los samarios y al joven partido Fuerza Ciudadana.
Esta arbitraria y antidemocrática decisión del Consejo Nacional Electoral de Colombia es un ejemplo claro de cómo este órgano ha venido actuando en los últimos tiempos, quitando candidatos a las corporaciones y máximos cargos territoriales, en lugar de defender el derecho de elegir y ser elegido.
No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de los candidatos y los ciudadanos, en nombre de una supuesta legalidad. Es importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y actúen para proteger la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.
Urge una reforma profunda del sistema electoral, para garantizar que las decisiones tomadas se apeguen a las leyes y a los principios democráticos, respetando el derecho de los ciudadanos y los partidos políticos a participar en los procesos electorales de manera justa y transparente.
Es hora de que los ciudadanos y las organizaciones civiles se unan para defender la democracia y exigir a las autoridades un cambio en la forma en que se gestionan los procesos electorales en Colombia. Debemos luchar por un sistema justo, transparente y democrático que respete los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos.
