Por Álvaro Cotes Córdoba
Este es el magistrado César Lorduy, quien presentó la ponencia, para inhabilitar la candidatura de la única mujer que aspiraba este año la Alcaldía de Santa Marta, o sea a Patricia Caicedo.
El 5 de marzo de 1979, a la edad de 23 años, mató en Barranquilla a Alicia Mercedes Ribaldo Pardo con una escopeta de celador. Lorduy estaba manipulando el arma y según su testimonio esta se disparó accidentalmente. Sin embargo, la versión de la familia de Alicia es diferente, ya que aseguran que Lorduy asesinó intencionalmente a la mujer. La mamá de Alicia, Clara Luz Pardo de Ribaldo, afirmó que varios testigos presenciaron los hechos.
Pero como ocurre casi siempre en Colombia con los sindicados de cuellos blancos, el caso prescribió, es decir, ni siquiera fue declarado inocente y salió libre.
Como salió airoso de semejante y horrendo delito, después se dedicó a la política, en donde se alió a los Char como fórmula de Arturo Char, el hoy ex senador preso en la picota por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos.
Antier volvió a matar, pero esta vez como magistrado en el CNE y menos mal que no fue la vida de otra mujer, sino las esperanzas de otra fémina que soñaba ser la Alcaldesa de los 500 años de Santa Marta.
Al igual que truncó el anhelo y la confianza de un pueblo que, pese a ello, todavía cree en la democracia y en las leyes. Nadie aún entiende cómo personajes como él pueden hacer parte de un Consejo que se dedica a velar por la democracia y las buenas prácticas y respeto de la moralidad y las leyes.
La reciente decisión de Lorduy de inhabilitar a Caicedo, quien representaba las esperanzas de muchos ciudadanos en Santa Marta, ha dejado un sentimiento de desilusión y desconfianza en la democracia y en las leyes.
La sociedad colombiana merece respuestas y claridad en este tema. Es necesario investigar a fondo las decisiones y acciones de aquellos que tienen el poder de influir en los procesos electorales y asegurarse de que sean personas idóneas y ejemplares quienes ocupen puestos clave en instituciones tan importantes como el CNE. Solo así podremos fortalecer la democracia y garantizar que se respeten los principios fundamentales en la toma de decisiones que afectan a toda la nación.
