El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, nos ha puesto a pensar en las últimas horas en una propuesta que, de ser asumida por el Alto Gobierno, implicaría una reforma estructural al régimen policial aplicable en Colombia.
Los hechos alrededor del asesinato del abogado Javier Ordóñez, ocurrido en Bogotá hace pocos días, y en el que estuvieron involucrados varios elementos de la fuerza pública, llevaron al mandatario departamental a preguntarse si era necesario proponer una reforma a la Policía que implicara, entre otros aspectos, trasladar las competencias de esta entidad al Ministerio del Interior.
Caicedo, por lo tanto, ha propuesto una reforma constitucional que permita diseñar una nueva autoridad policiva que, en su criterio, “restablezca la confianza de la ciudadanía, dé garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos y cumpla su verdadera misión: proteger a todas las personas en vida, honra y bienes”.
El gobernador del Magdalena tiene claro que el pueblo no ha elegido a sus gobernantes para que acudan a la represión y al uso de la violencia como forma de atender la crisis social.
“Somos servidores públicos y no verdugos sociales. El país exige cambios estructurales en la vida social y económica alrededor de la paz, la educación, la salud, el empleo y el medio ambiente, la inconformidad social es expresión de la angustia de millones de colombianos carentes de oportunidades que deben ser escuchados”, anota.
En el mundo
A nivel internacional, otros casos de brutalidad policial han hecho repensar la labor de los policías en un contexto de auténtico respeto de los derechos humanos.
Una de las entidades que más ha ahondado en el tema es Human Rights Watch. El informe “A Roadmap for Reimagining Public Safety in the United States: 14 Recommendations on Policing, Community Investment, and Accountability” (Hoja de ruta para repensar la seguridad pública en Estados Unidos: 14 recomendaciones sobre actuación policial, inversión comunitaria y rendición de cuentas), de 29 páginas, propone que los fondos empleados para la actuación policial se reorienten a financiar servicios sociales, soluciones habitacionales asequibles, escuelas, sistemas de atención de la salud basados en la comunidad —en particular, los servicios de salud mental y el tratamiento voluntario por consumo de drogas— y el desarrollo económico local. Al reorientar recursos de la actuación policial a servicios que aborden con eficacia los problemas sociales y establecer un mecanismo eficaz e independiente de supervisión de la policía, se podrían limitar los perjuicios causados por esa fuerza y mejorar la seguridad pública.
“A los cuerpos policiales, cuyas funciones principales son la autoridad y la fuerza, se les asigna la tarea de responder a problemas de la sociedad para los cuales no han sido preparados, como es el caso de la situación de calle, las condiciones de salud mental o la pobreza”, apuntó John Raphling, investigador sénior del sistema penal de EE. UU. en Human Rights Watch. “Esto desafortunadamente origina encuentros violentos que podrían evitarse y perjudican la seguridad general, especialmente en las comunidades de personas negras y morenas”.
