Por: Jorge Luis Urbina Mejía
La media fue adoptada con fundamento en la solicitud que elevó la Procuraduría General de la Nación a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA, considerando que las obras del complejo turístico en jurisdicción del municipio de Dibulla, afectaría recursos naturales y zonas cercanas a sitios sagrados del resguardo Kogui –Malayo – Arhuaco.
En su momento el cabildo indígena había elevado su voz de protesta y la respectiva queja ante las autoridades civiles y los organismos de control del Estado, considerando que se está afectando un territorio ancestralmente como sagrado para ellos.
Las obas del complejo turístico no contarían con los permisos ambientales requeridos, ni habrían adelantado la consulta previa con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues parte del proyecto se encuentra cerca de la denominada Línea Negra, área protegida que prioriza la biodiversidad y garantiza el libre acceso de las comunidades indígenas que habitan ese territorio.
En su decisión, Corpoguajira señaló que los responsables de la construcción dragaron una parte de la desembocadura del río Ancho, sin contar con los permisos de ocupación del cauce, lo que ocasionó un daño severo sobre la vegetación y especies del área.
Ante la evidencia de una presunta infracción ambiental, la Corporación suspendió la construcción del complejo turístico como medida preventiva y abrió una investigación administrativa ambiental en contra de los propietarios del proyecto.
La Procuraduría también puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esos hechos, al considerar que pudo cometerse una presunta invasión de áreas de especial importancia ecológica, delito contemplado en la legislación penal.
