La iniciativa plantea una serie de controles para prevenir hechos de corrupción en estas entidades, por ejemplo, un nuevo procedimiento para la elección de los directores, rendición de cuentas y mejoramiento de la gobernanza. Solo falta un debate en plenaria del Senado.
Las Corporaciones Autónomas (CAR), son las encargadas de ejecutar las políticas y planes nacionales en materia ambiental.
La Comisión Quinta del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entidades encargadas de ejecutar las políticas y planes nacionales en materia ambiental, que en criterio de algunos sectores se han convertido en focos de corrupción e ineficiencia.
La iniciativa establece una serie de controles para prevenir hechos de corrupción en estas entidades, al implementar acciones de transparencia, rendición de cuentas y mejoramiento de la gobernanza. Determina, por ejemplo, un nuevo procedimiento para la elección de los directores, quienes tendrán que cumplir con un perfil técnico y requisitos más estrictos que los actuales. La idea es que se realice a través de una convocatoria pública abierta y con acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación.
También se establece que el Consejo Directivo podrá remover al director general, cuando en el segundo año de su periodo no haya cumplido con el 50% de las metas del plan de acción. Y para evitar el mal uso y despilfarro de los recursos, se adoptan pliegos tipos para la contratación y se establecen claros instrumentos de planificación presupuestal. Por otra parte, establece estrategias para reducir los trámites que los ciudadanos deben cumplir ante las CAR.
“Celebramos que la Comisión Quinta aprobará este proyecto, con 10 votos a favor, que busca acabar con los problemas de ineficiencia de las CAR. Al proyecto solo le resta un debate en la Plenaria del Senado para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República.
En efecto, las CAR se han convertido, en algunos casos, en focos de corrupción y en fortines políticos de algunos clanes a nivel regional. En 2018, la Contraloría General de la República denunció un carrusel de contratos con obras inconclusas y concentración de contratos en estas entidades. “Los oferentes son siempre las mismas personas jurídicas y naturales, en tanto participan en diferentes procesos intercambiándose los roles, compartiendo un mismo contador público, representante legal o miembro de consejo directivo”, aseguró el ente de control.
Y en este sentido, reveló que fueron múltiples las situaciones encontradas, y de pleno conocimiento de las CAR, “frente a las cuales los planes de mejoramiento implementados por dichas instituciones no han dado los resultados esperados: se evidencia que la efectividad de las acciones de mejora planteadas presentan niveles de efectividad que escasamente no superan el 50%”.
