Por: Jorge Soto Daza
En un fallo dividido, de 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional tumbó esta semana el artículo 12 del decreto 491 del 28 de marzo pasado, con el que el Gobierno Nacional adoptó la emergencia para poder atender con rapidez, la amenaza de la pandemia de covid-19.
Más que simplemente dejar sin piso las sesiones virtuales que hizo el Congreso de la República, para discutir diversos proyectos de ley y hacer control político, el dictamen del alto tribunal tiene efectos en un asunto fundamental de la democracia: la división de poderes y la autonomía de cada uno de ellos.
La Sala Plena de la Corte consideró, que el presidente de la República no tiene la potestad de ordenarle al Congreso, la manera en la que se deben desarrollar sus reuniones, así estemos en un estado de emergencia. ‘Cada poder público tiene la autonomía suficiente para decidir cómo debe ejecutar su trabajo’, fue lo expresado por la Corte en este caso concreto, por lo que el próximo 20 de julio, cuando se instale la nueva legislatura, será el Senado y la Cámara en pleno los que decidan si se mantienen en la virtualidad, como hasta ahora, o volverán a las reuniones presenciales. También podrían adoptar medidas intermedias, en una especie de alternancia.
Lo claro es que ningún poder público puede ubicarse por encima del otro, aún en momentos de emergencia como el actual. Por eso mismo, aunque se cayeron las sesiones virtuales que se realizaron, no ocurrió así con las leyes que fueron aprobadas por los congresistas, ya que en desarrollo de sus funciones y en un ejercicio de votaciones ligadas a la naturaleza del ejercicio legislativo, las iniciativas fueron votadas de manera legítima y se dieron debates sobre los cuales la Corte no puede opinar en cuanto a su desarrollo, sino solo acerca de su constitucionalidad. Es conveniente que se haya recordado cuál es la estructura básica de nuestra democracia, lo que nos obliga a guardar coherencia con respecto al comportamiento de las instituciones del Estado.
Ahora bien, en las actuales circunstancias, cuando el número de casos de covid-19 viene creciendo de manera más rápida, no resulta prudente que el Congreso opte por volver al Capitolio. Ya está demostrado que la virtualidad que se viene usando puede servir para que se desarrolle el trabajo de manera normal en el Legislativo, así como viene ocurriendo de manera similar en las demás instancias del Estado. La verdad es que no resulta prudente que, sin ser absolutamente necesario, los funcionarios y servidores públicos pongan en riesgo a sus familiares y allegados, cuando sus tareas pueden ejecutarse haciendo uso de herramientas tecnológicas.
En ese mismo sentido, y tomando en cuenta que asambleas departamentales y concejos municipales tomaron como base ese mismo principio emanado del Ejecutivo, para sesionar durante este trimestre, resulta fundamental que tomen sus propias decisiones acerca de la manera de realizar sus reuniones. Obviamente, en municipios con dificultades para la conectividad será necesario que sesionen de manera presencial, pero siguiendo todas las recomendaciones necesarias de bioseguridad.
