El Consejo de Ministro firmó el decreto 380, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, mediante el método de aspersión aérea, atendiendo los condicionamientos ordenados por sendas sentencias y autos de la Corte Constitucional. Se aclara las zonas que quedaron excluidas de la fumigación, como Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales y manglares, así como los cuerpos de agua y centros poblados.
Con esto el Gobierno dio un paso más hacia el retorno de la fumigación de cultivos de coca con el herbicida glifosato, quedando pendientes otros puntos, como lo precisó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien explicó que el decreto “no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos”.
Con el texto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional: tener una reglamentación independiente, elaborada por un órgano distinto al ejecutor del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (Pecig) y crear un mecanismo para recibir y tramitar las quejas ciudadanas por causa del programa.
El decreto define cómo serían esas fumigaciones y recuerda las condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes les dé vía libre a las fumigaciones.
Sobre cómo se verificarán los eventuales riesgos en salud y las afectaciones del medioambiente se dejó claro que será por medio de controles continuos que deberán hacer varias entidades. La Agencia Nacional de Licencia Ambiental y el Instituto Nacional Salud, realizarán seguimiento sobre los efectos del programa y deberán entregar informes de evaluación al Consejo Nacional de Estupefacientes para que este adopte las decisiones pertinentes.
¿Quién será la será la institución encargada de operar el programa?
Además que el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional y únicamente lo aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley. Finalmente se informó que la meta gubernamental este 2021 es erradicar 130 mil hectáreas de estos cultivos.
