Mediante tutela, el Juzgado Promiscuo Municipal del municipio de Santa Bárbara de Pinto ordenó suspender la presencialidad académica en las instituciones educativas de ese municipio, sentando un precedente en el departamento del Magdalena.
En la acción, promovida por un grupo de padres de familia en representación de sus menores hijos contra el Ministerio de Educación Nacional se establece que “hasta Tanto este despacho haga un pronunciamiento de fondo de las acciones constitucionales de referencia y de las que se acumulen”.
Este precedente se produce por la preocupación de padres de familia y comunidad académica en general por la falta de condiciones para iniciar una presencialidad en las sedes educativas, situación denunciada reiteradamente por el gobernador Carlos Caicedo y las diferentes organizaciones sindicales defensoras de los derechos del personal docente.
La tutela vinculó a la administración departamental, a través de las secretarías de Educación y Seccional de Salud para que “informen detalladamente la puesta en marcha del plan de implementación de los protocolos de bioseguridad para el
regreso a las actividades académicas presenciales en las instituciones educativas como quiera que eventualmente pudieran llegar a versen afectadas con las resultas del proceso”.
Esta acción, la primera de estas características en el Magdalena, ratifica que el departamento no cuenta con las condiciones para el retorno presencial a las actividades académicas, empero la insistencia, considerada como irresponsable por esta acción, del Ministerio de Educación Nacional.
