Comité de Participación Comunitaria en Salud rechaza embargo de la Supersalud a cuentas del Distrito.

Luego de la denuncia presentada por la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, sobre el embargo de las cuentas maestras del Distrito por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el Comité de Participación Comunitaria en Salud- COPACOS, manifestó un contundente rechazo a estas acciones encabezadas por una entidad perteneciente al Gobierno Nacional, que han calificado como “Un atentado a la salud de los samarios”

Nataly Villarreal, miembro de los COPACOS dijo estar impresionada con el embargo, por la forma en la que están jugando con la salud de la ciudadanía: “Rechazo profundamente el hecho de que hayan embargado las cuentas para los programas de la Secretaría de Salud a nivel del Distrito, rechazamos que están jugando con la salud de los samarios”, manifestó.

Por su parte, Francy Montaña, miembro de los COPACOS de la Localidad 2, también expresó su inconformismo con el embargo de la Supersalud a las cuentas del Distrito: “Como representante de mi comunidad, vemos un atropello grandísimo en cuanto a la salud pública de los samarios, porque esto es atentar contra la vida”, indicó.

En el mismo sentido se pronunció Delia Marina Meza, representante de los COPACOS de la Localidad 1:” Me parece un atropello muy grande sobre los embargos que le han hecho al Distrito, porque vemos que la salud de los pobres, de los vulnerables, es una salud donde nos han vulnerado los derechos y la situación va a ser cada vez más caótica”, señaló Delia Marina Meza.

Los COPACOS son veedores y representantes de la comunidad, para que no se vulneren los derechos en la prestación de los servicios de salud de la ciudadanía, por lo que anuncian que tomarán acciones en contra de esa determinación que afecta especialmente a la población más vulnerable.

Es importante recordar que el embargo del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, actualmente intervenido por la Supersalud, a las cuentas del Distrito, es inconstitucional, ya que el Artículo 91 de la Ley 715 de 2001 estableces que los recursos del Sistema General de Participación son inembargables. Esa entidad argumenta que el embargo se debe a la deuda, en gran parte, por la prestación de servicios asistenciales de urgencia a la población migrante, costos que debe asumir el Gobierno nacional.

El embargo afecta la ejecución de proyectos de salud pública, encaminados a prevenir enfermedades, igualmente, afecta las acciones de prevención del COVID-19 y el Plan Nacional de Vacunación.