Por Álvaro Cotes Córdoba
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha sido objeto de polémica en los últimos días tras revocar y luego habilitar la candidatura de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Oviedo fue denunciado por firmar un contrato el pasado 20 de junio con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), por un monto de $106 millones, mediante el cual alquiló una oficina de 80 metros cuadrados en el Centro Empresarial de Bogotá hasta diciembre de 2024, cosa que está prohibido por la Ley e inhabilitar a cualquier aspirante.
Mientras tanto, el CNE revocó y confirmó la no candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de Patricia Caicedo. Es importante destacar que Caicedo no firmó ningún contrato en cuestión, sino que fue porque una media hermana estuvo dos días en un cargo generador de gastos.
Estos hechos han generado una controversia sobre la equidad y parcialidad en el CNE. Muchos ciudadanos y observadores ven una falta de garantías en los procesos que se llevan a cabo en esta entidad, y creen que existe una clara intención de perjudicar a los gobiernos progresistas.
La revocación inicial de la candidatura de Oviedo generó una gran indignación en el sector político que apoya al aspirante, quienes consideraron la decisión como injusta y sesgada. Sin embargo, esta revocación ha sido posteriormente revertida y Oviedo nuevamente está habilitado como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Lo que no sucedió con la candidata Patricia Caicedo, quien no firmó ningún contrato con nadie ni nada.
Este tipo de situaciones pone en entredicho la imparcialidad del CNE y plantea interrogantes sobre la transparencia de sus decisiones. Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por la democracia y el buen desarrollo de los procesos electorales actúen con imparcialidad y transparencia, garantizando así la legitimidad de los resultados.
Es necesario que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para garantizar que exista un proceso electoral justo y equitativo. Los ciudadanos merecen confiar en que sus votos y elecciones serán respetados y que los candidatos serán evaluados de manera justa, sin importar su afiliación política.
El CNE deberá abordar estas acusaciones de parcialidad y restablecer la confianza en sus procesos. Solo así podrá cumplir su función de garantizar elecciones transparentes y promover la democracia en Colombia. La sociedad colombiana debe estar atenta y exigir que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de manipulación en el proceso electoral.
