Mayra Castro Brito, la gerente del hospital Santander Herrera de Pivijay, quien había renunciado a su cargo y con sofismas había impulsado una tutela para regresar a ese centro asistencial, volvió a quedar sin ese puesto.
Lo anterior se produjo luego de que se impugnó, por parte de la Gobernación del Magdalena, un fallo emitido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, el cual la había regresado a ese centro asistencial bajo el supuesto de que se “violaban los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital y móvil, trabajo, confianza legítima y a la seguridad jurídica, mínimo vital del menor como sujeto de especial protección, igualdad material y objetiva y derecho a la prevalencia de la ley sustancial consagrados en la Constitución Nacional de 1991”.
Ahora, el mismo Juzgado ordenó suspender la tutela y “reiniciar el proceso de la misma, previa vinculación y notificación a la Secretaria General de la Gobernación del departamento del Magdalena y/o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía, a cuyo cargo esté la recepción de documentos de dicha entidad pública, así como a todas aquellas personas naturales o jurídicas que en su criterio puedan ser responsables por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados o verse afectados con la decisión de tutela”.
Se trata de una nueva victoria judicial del gobierno que lidera Carlos Caicedo contra la ex gerente, cuyo abogado es Julián Quintana, abiertamente opositor a la administración departamental del Magdalena y vinculado sentimentalmente a una persona perteneciente a las familias políticas tradicionales del departamento.
Durante todo ese proceso judicial, ha quedado en evidencia que Castro Brito ha utilizado el centro de salud con propósitos no claros. No en vano, se encontró que durante su administración brindó contratos a personas cercanas al personero municipal de Pivijay, Ernesto Sierra Orozco, quien declaró a favor de ella posteriormente. También que contrató como pediatra a la hija del propio Juez Promiscuo Municipal de Pivijay.
Cabe recordar que en el marco del proceso, Castro Brito ha utilizado toda clase de argumentos para mantenerse en el cargo, tales como que: “es madre cabeza de hogar”, cuando en reiteradas oportunidades, especialmente en la opositora Asamblea del Magdalena, ha dejado en claro que se encuentra casada, sin contar que ha estado instrumentalizando a sus hijos para inducir a error y propiciar un fraude procesal.
