IVA a servicios públicos y renta a quienes ganen 2.800.000 al mes serían algunas de las propuestas que tendría la reforma tributaria

Antes que se presente al Congreso la reforma tributaria, lo que se realizaría en la tarde de este jueves 15 de abril, el diario El Tiempo reveló el texto completo de la misma, conociéndose que entre las propuesta aparece, cobro del IVA a pensiones superiores a $4.800.000, renta para personas que ganen $2.800.000 al mes el 19% para servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6.

También plantearía la iniciativa que el Programa Ingreso Solidario se una renta básica a través de un programa de carácter permanente para reducir la pobreza y las brechas de ingreso en el país.

Quienes registren y/o reporten información falsa, podrán ser sancionadas penal o administrativamente y, además, estarían excluidas del programa por 10 años.

Los empleadores que vinculen a jóvenes (menores de 28 años) para primer empleo, personas en situación de discapacidad o mujeres que lleven al menos un año sin trabajo, solo tendrán que asumir la cotización al Sistema de Riesgos Laborales; el aseguramiento en salud, cotización de pensión y parafiscales lo asumiría el Estado.

Para costear los programas asistencialistas, el proyecto plantea medidas como: IVA del 19% para servicios públicos a estratos 4, 5 y 6. Solamente estarían exentos de IVA, además, los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales y rurales de los estratos 1 y 2.

Las personas naturales pagarían renta a partir de 2.420.000 pesos mensuales y en 2023 a partir de los $ 1.694.000 al mes. Impuesto a pensiones desde $ 4.800.000 y no desde $ 7.000.000 como se planteó inicialmente.

Los ahorros en cesantías sumarían al patrimonio “cuando haya lugar”, es decir, podrían ser objeto de tributación. Se crearía el “impuesto nacional a vehículos” que reemplazará el impuesto de rodamiento.

Este gravamen dependerá del valor comercial del carro, pero también se tendrá en cuenta si el carro es altamente contaminante.

También se conoció que las ciudades capitales podrían instalar peajes urbanos, previa autorización del Concejo.