Por: Jorge Soto Daza
El senador Iván Cepeda Castro, acreditado como víctima en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos, pidió al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, garantías en el caso contra el expresidente y alertó que el organismo no está garantizando la protección de sus derechos, ni está actuando con diligencia para investigar nuevas denuncias.
Cepeda se declaró preocupado, por lo que calificó como “hechos graves” que han ocurrido en las investigaciones penales que adelanta la Fiscalía contra Uribe Vélez.
Según el senador, el fiscal coordinador ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes –quien fue designado por el fiscal para seguir la investigación–, no ofrece garantías de independencia e imparcialidad judicial para adelantar este proceso. Este fiscal es el mismo que estuvo inmerso en una investigación contra el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y fue recusado por el mandatario departamental.
“El fiscal Jaimes no cumple con los estándares nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad, los cuales son de obligatoria aplicación en virtud del control de convencionalidad ex officio, ni con la apariencia de imparcialidad necesarias para ejercer su labor de investigación. Por el contrario, son varios los sucesos que se han hecho públicos que alertan sobre dudosas actuaciones que habría realizado en investigaciones que están a su cargo”, argumentó Cepeda.
El senador del Polo Democrático dio cuenta de investigaciones periodísticas, que darían cuenta de presuntas actuaciones irregulares e investigaciones que se adelantan en contra de Jaimes. Una de ellas fue revelada por El Espectador, la cual evidencia que la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa, tiene una indagación preliminar en el despacho de uno de sus subalternos. Se trata de Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte, quien hace cerca de un año tiene este delicado asunto bajo su responsabilidad. O sea, desde antes de que Jaimes fuera su jefe. Se relaciona con una posible irregularidad que Gabriel Jaimes habría cometido en un proceso de contratación, que dejó al General (r) Ricardo Gómez Nieto, excomandante del Ejército, en la mira de la justicia.
Además, un informe del periodista Daniel Coronell, quien manifestó que “existen indicios del soborno de un funcionario judicial por parte del hijo de Luis Alfredo Ramos, hay una maniobra en la Fiscalía para impedir que le imputen cargos. El fiscal general Francisco Barbosa comisionó a Gabriel Ramón Jaimes Durán, para que frene el proceso contra Esteban Ramos Mayas, mientras castiga al fiscal que se atrevió a adelantar la investigación por este posible hecho”.
A su turno, Noticias Uno informó que mientras el fiscal Jaimes, en 2009, siendo delegado en Asuntos Penales de la Procuraduría, se habría opuesto a que se reabriera el caso de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, investigado por nexos con paramilitares y el homicidio de quién lo había denunciado, la Corte Suprema de Justicia encontró pruebas para condenar a Suárez Corso a 27 años de prisión por dicho homicidio.
A ello se suman declaraciones a la emisora La W, en la que Jaimes habría asegurado que el exsenador Álvaro Araujo, no había tenido vínculos con el exjefe paramilitar Jorge 40, mientras que la Corte Suprema de Justicia condenó a Araújo por ese caso a 9 años y 4 meses de prisión. Además, el periodista Gonzalo Guillén, reveló que el exsenador Uribe habría pretendido desviar la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, con el propósito de ayudar a su hermano Santiago, investigado por la Fiscalía por conformación de grupos paramilitares.
En esa línea, Cepeda dijo que en una audiencia del 8 de octubre, ante la juez 30 de garantías, el fiscal Jaimes, anunció que va a tomar el curso de desvirtuar aspectos fundamentales del acervo probatorio que hay en contra de Uribe: “Cuestionó sin fundamento la validez de lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo que la forma en que fue vinculado Uribe Vélez, afectaba su derecho al debido proceso y materializaba vulneraciones al ordenamiento constitucional y legal”, alegó Cepeda.
El congresista recordó que en ese momento la jueza le llamó la atención a Jaimes y señaló que se trataba de “un desatino del representante de la Fiscalía General de la Nación. Jaimes en últimas lo que hizo, (…) fue reconducir o desviar el aspecto central de decisión convocado”, sostuvo la juez de garantías, reivindicando que las decisiones adoptadas por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fueron emitidas y realizadas con plena observación y acatamiento de las formas previstas en la ley 600 de 2000.
Por otro lado, Cepeda criticó que, mientras la Fiscalía “actúa con apremio en defensa de los derechos de Uribe”, no ha actuado con la misma celeridad en otras investigaciones relacionadas con el caso, ni en defensa de los derechos de las víctimas.
“La defensa de Uribe, con el silencio del fiscal Jaimes ha anunciado que intentará destruir aspectos sustanciales de las pruebas, entre ellas las interceptaciones obtenidas legalmente y validadas por la Corte Suprema de Justicia en distintas instancias”, advirtió.
El 18 de agosto pasado, Cepeda le solicitó a la Fiscalía informarle acerca de las investigaciones y las actuaciones relacionadas con la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual resolvió la situación jurídica del exsenador Uribe Vélez. Sin embargo, criticó que esa solicitud no ha sido resuelta por el ente acusador.
Adicionalmente, solicitó al fiscal Barbosa pronunciarse frente a las denuncias penales en las cuales el senador ha informado y pedido que se investigue la campaña de desprestigio en su contra, perpetrada por Álvaro Uribe Vélez y su hijo Tomas Uribe Moreno.
“Las investigaciones no avanzan pese a que el material probatorio que obra en los expedientes es contundente. La parálisis de las investigaciones no solamente prolonga en el tiempo la afectación de mis derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y, en consecuencia, menoscaban mi dignidad e integridad moral, sino que las afirmaciones apócrifas publicitadas por los denunciados aumentan el riesgo en contra de mi vida, mi familia, la de las personas que integran mi esquema de seguridad, así como la de mis colaboradores y abogados.
Evidencian que esta entidad estaría incumpliendo el deber constitucional de investigar”, concluyó Cepeda.
