En el transcurso del 2020, han sido asesinados 292 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos

Para nadie es un secreto la estrategia que asumió los grupos disidentes de la guerrilla de las FARC para mantenerse en los territorios ocupados y tomar posesión de aquellos que dejaron los que se desmovilizaron.

En este objetivo también se encuentra el ELN y algunos grupos de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico que pelean el poder por el territorio en donde se cultiva, procesa y se saca cocaína en regiones del país.

Este proceso de conquista y reconquista del territorio tiene sus costos de vida porque en el afán de imponer “autoridad” por los grupos armados al margen de la ley; la población civil ha sido víctima y también los desmovilizados de las FARC que han puesto su cuota de muertes posterior a la firma del acuerdo de paz desde el 24 de noviembre de 2016, con el Presidente Santos Calderón aquí en Colombia.

Desde la firma de este importante documento hasta la fecha, 246 excombatientes de las FARC han sido asesinados e igualmente Para Indepaz y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el transcurso del presente año 2020, iguales suertes han corrido 292 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos.

También se han perpetrado 85 masacres cuyo propósito es además de sembrar el miedo y terror en la población civil, sumar territorio para los intereses de cada grupo armado que se han visto involucrados en estos hechos.

Revela el informe de indepaz que las zonas en donde más se ha afectado la vida de líderes sociales son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Córdoba y se atribuyen los vínculos de crímenes en un 45% a narcoparamilitares y residuales del posacuerdo. Un 55% a sicarios sin identificar, muchos de ellos al servicio de mafias (35% en total); ELN, disidentes FARP-EP, y fuerza pública.