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Eduardo Pulgar y su particular relación con la salud

En el Magdalena es apoyado por una diputada opositora a las transformaciones que necesita el departamento.

Luego de la denuncia realizada por el periodista Daniel Coronel en su acostumbrada columna dominical en el portal Los Danieles, el nombre de Eduardo Pulgar saltó a la palestra pública por sus presuntos actos de corrupción a la justicia del departamento del Atlántico para fallar un proceso a favor de un clan que desea mantener el control de la Universidad Metropolitana.

Este hecho, que en sí es grave, no es el único. No menos importante es el hecho que este senador de poca capacidad intelectual y casi nula actividad parlamentaria, es un auténtico gamonal en la política tradicional del Magdalena.

En las pasadas elecciones de octubre la fuerza política de Pulgar, un advenedizo que se alió con casas políticas especialmente en la subregión centro y río, logró hacerse de una curul vía una diputada que representa sus mismos valores: Elizabeth Molina.

La otrora concejal de Santa Marta fue una de sus aliadas locales para ingresar al escenario político local luego que se hiciera al presunto control político de la ESE Alejandro Próspero Reverend, que actualmente está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud al igual que el hospital Julio Méndez Barreneche.

Famosa es una imagen de Pulgar (junto con la entonces concejal) visitando nada más y nada menos que al alcalde (e) de Santa Marta, Andrés Rugeles, impuesto por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

Es curioso este punto porque permite entender una relación de vieja data con este sector. Se sabe que su esposa, la exsenadora Karime Mota, estuvo investigada luego de solicitar, en 2013, que ingresaran personas recomendadas a la EPS Solsalud, que entonces estaba intervenida por la Superservicios.

De igual forma se recuerda que recientemente, Pulgar protagonizó un altercado junto con el exsecretario de salud de Soledad, Luis Fábregas, en el lobby del edificio Grattacielo, donde reside en Barranquilla. La gresca, que tuvo que ser controlada por la Policía, se habría producido presuntamente por un contrato de $3.500 millones que Fábregas debía entregar a una fundación cercana a Pulgar, a lo cual se habría negado.

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