Con evasivas respondió el presidente de la República, Iván Duque, la solicitud que presentó el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo -con la participación de los sectores productivos y sociales- para que el Gobierno Nacional apoye financieramente la implementación de nuevas medidas humanitarias, económicas y de salud para mitigar los efectos del Covid-19 en el Departamento.
Así se evidencia mediante carta enviada por la jefa del Gabinete Presidencial, María Paula Correa, al mandatario magdalenense, en la cual se denota que el jefe de Estado no quiso asumir por su cuenta, la urgente necesidad que Caicedo le planteó. Por el contrario, prefirió darle un segundo plano y remitirla a los ministerios, pese a la delicada situación que se registra en el departamento.
“Hemos recibido la comunicación enviada al Presidente de la República, en la que junto con representantes de diferentes sectores departamentales, solicitan considerar y apoyar las medidas propuestas en materia de orden público, sanitaria, social, económica, educativa y de reactivación de actividades, que permitan mitigar los efectos ocasionados por el Covid-19 En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 ‘Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo’, estamos remitiendo a los Ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, del Trabajo, de Hacienda y Crédito Publico, de Educación Nacional, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Comercio, Industria y Turismo y al Departamento para la Prosperidad Social, para su consideración y fines pertinentes dentro del marco de sus competencias”, precisó la jefe de Gabinete Presidencial.
Ello obedece a la misiva que envió Caicedo con miras a garantizar la reactivación de la economía y la subsistencia de la población, al igual que fortalecer las medidas humanitarias, restrictivas y de salud en el marco de la emergencia sanitaria, cuya carta también fue firmada por la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y varios representantes de gremios económicos y organizaciones sociales.
En dicha petición se explica el hecho de que el actual gobierno departamental, recibió un Departamento que se acogió a la Ley 550 con riesgos por más de $1 billón, con una precariedad institucional que lo ubica como el cuarto Departamento con más pobreza monetaria y el séptimo con mayor pobreza multidimensional. No obstante estas circunstancias, el Gobernador ha emprendido diferentes esfuerzos presupuestales, administrativos, institucionales, técnicos y científicos para hacer frente a la pandemia.
Entre las medidas a reforzar, Caicedo solicitó: Permitir la inmediata declaratoria de cuarentena estricta hasta el 16 de septiembre de 2020; prohibir la compra, venta y distribución de bebidas embriagantes; aumentar el pie de fuerza, incrementando el número de unidades de la Policía en los municipios; asegurar un ingreso de renta básica de un salario mínimo para 100 mil hogares en situación de alta vulnerabilidad; cofinanciar 110 mil ayudas humanitarias para dar continuidad a la entrega de alimentos a la población, cifra de la cual la Gobernación se compromete con 5 mil mercados y 10 mil bonos, para un total de 15 mil ayudas, priorizando las personas diagnosticadas.
Apoyar la entrega de subsidios por tres meses para cubrir el pago de servicios públicos domiciliarios en los estratos uno, dos y tres; garantizar el abastecimiento de agua potable a través del envío de 20 carrotanques; suministrar 140 mil dispositivos electrónicos, tablets y computadores, con conexión a internet para estudiantes y docentes; se asuma el subsidio dirigido a micros, pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos, para el pago de nómina y servicios públicos durante tres meses; aportar $2 mil millones en subsidios para mitigar la tasa de interés de créditos aprobados a micros y pequeñas empresas, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y productores agropecuarios.
Suministrar la dotación de equipos biomédicos para 87 cubículos de Unidades de Cuidados Intensivos para la red pública hospitalaria; entregar a la Gobernación la sede de la antigua clínica Saludcoop; entre otros.
