Se escuchó al Alcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Tete Samper, hacer acusaciones en contra del Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por cuenta de una publicación en el medio electrónico SUMARIO TV que publicó el multimillonario contrato suscrito con una iglesia evangélica para la prestación de servicios educativos por parte de la Secretaria de Educación Municipal de Ciénaga.
Sostuvo Tete Samper que había suscrito ese contrato para fortalecer la red de profesores, pero no explicó que para la fecha del cobro (3 de abril de 2020) y pago del anticipo por más de $800 millones, las instituciones educativas estaban cerradas, no había estudiantes en ellas y se imponía el teletrabajo por cuenta de la declaratoria de la emergencia nacional el 17 de marzo, un día antes de la firma del contrato.
Que en la página del Secop se omitió publicar la oferta del contratista, quizás porque dicha iglesia evangélica carecía de experiencia e idoneidad profesional y técnica.
Que dicha iglesia nació a la vida tributaria dos días antes de suscribirse el contrato conforme consta en el certificado rut (3 de marzo de 2020) y posteriormente nació a la vida financiera, 15 días después de haberse suscrito el contrato y en donde 20 días después se depositarían los más de $800 millones del anticipo cobrado.
A lo anterior se le suman las dudas que deja el ejercicio de comparar el estudio de insuficiencia que sustenta dicho contrato y el contrato mismo. Llama la atención el anexo técnico 01 que contiene la relación de 619 estudiantes que son objeto directo de la prestación del servicio público educativo en establecimientos educativos oficiales bajo la modalidad de promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico por el valor de la canasta educativa por estudiante prevista en la suma de $2.505.662. Es decir, comporta la inversión en los 619 estudiante de $1.551.004.778 lo que implica una diferencia de $99.314.078.
No obstante, luego en el contrato en la cláusula cuarta el valor total del mismo asciende a la suma de $ 1.650.318.856. Con dicho valor el contratista debería asumir la atención de 3.850 estudiantes.
De la misma manera se conoció que el Procurador ya ordenó la apertura de la indagación sobre ese contrato millonario tras recibir la denuncia del caso.
