Por: Jorge Soto Daza
Tras desvirtuar los chats que aportó el abogado del congresista Iván Cepeda y que contienen parte de las supuestas charlas entre Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López Callejas, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez insiste en que se hagan públicas todas las interceptaciones que se le hicieron al senador en la investigación que le adelantó la Corte Suprema de Justicia, por presunta manipulación de testigos.
El grupo de abogados que representa al líder del Centro Democrático, argumentó que esta petición busca que la gente conozca todos los elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de emitir la medida de aseguramiento. “Es imposible que lleguen a tener vocación probatoria en el proceso, únicamente con fines de información para la opinión pública”.
“A pesar de que las llamadas no reflejan ninguna actuación ilegal por parte del Presidente Uribe, en desarrollo de la búsqueda de la verdad, se insistirá en que el país pueda conocer la abierta ilegalidad que comportó dicha interceptación y que se sancione a los responsables de la misma”, señalaron.
En ese sentido, el abogado Jaime Granados, quien lidera la defensa de Uribe, fue enfático en afirmar que se presentó una ilegalidad en la recolección de tales interceptaciones, hecho por el cual le ha solicitado en repetidas oportunidades a la Sala Especial de Instrucción, “que excluyera las interceptaciones a la línea telefónica del presidente Álvaro Uribe”.
Sin embargo, la Sala no aceptó su petición y le dio “validez a dichas interceptaciones, determinación que recurrimos y fue confirmada, por la misma Sala, en el mes de agosto de 2019”.
La defensa de Uribe aseguró que no ha pasado nada con la denuncia que presentaron en 2018 en contra del CTI de la Fiscalía General, Óscar Álvarez, quien fue el encargado de interceptar un número telefónico por orden de la Corte y que resultó ser el del expresidente.
Pese a esto, las conversaciones siguieron siendo interceptadas y la información de las mismas recaudadas por las autoridades judiciales, lo que considera como un acto ilegal.
Debido a esto, le pidieron en mayo a la Fiscalía General que le imputaran cargos al agente del CTI, así como a la investigadora del CTI, Clara López y al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.
