Santa Marta

Sancionados 51 conductores por prestar servicios de transporte ilegal en Santa Marta

En cumplimiento de las medidas de Supertransporte

Las sanciones a los conductores que presten este servicio van desde el pago de 20 salarios mínimos legales vigentes, la inmovilización de sus vehículos por 3 meses, hasta la suspensión de las licencias de conducción.

La Alcaldía Distrital, a través de su Secretaría de Movilidad, Multimodal y Sostenible, en conjunto con la Policía de Tránsito, vienen intensificando los operativos contra la prestación del transporte de pasajeros a través de las plataformas ilegales como Indriver. Las acciones han dejado como sanción la imposición de comparendos a los conductores y la inmovilización de vehículos.

“En virtud de la circular que fue allegada a los entes territoriales el pasado mes de marzo, por parte de la Superintendencia de Transporte, la Alcaldía de Santa Marta ha venido aplicando y dándole cumplimiento a la misma, sancionando a los conductores que utilizan el vehículo particular para el uso de transporte público individual a través de plataformas”, manifestó Ernesto Castro Coronado, secretario de Movilidad

Esta medida, desde la institucionalidad, pretende combatir la inseguridad e ilegalidad, precisamente porque a través de estas aplicaciones se moviliza a pasajeros en carros particulares, lo que denota una falta de regulación en caso que se presente una emergencia.

Castro Coronado confirmó que ya son numerosos los vehículos inmovilizados y reiteró que los operativos se redoblarán en la capital del Magdalena.

“Desde abril hasta la fecha han sido sancionados 51 conductores por realizar esta práctica, con penalidades que van desde la inmovilización de sus vehículos por 3 meses, hasta la suspensión de las licencias de conducción; así mismo, en caso de ser reincidente, se sanciona de manera pecuniaria hasta por un valor de 20 salarios mínimos que son 23 millones aproximadamente”, aseveró el funcionario.

Del mismo modo, el secretario recordó que la legalidad contribuye a la seguridad y tranquilidad de los samarios, teniendo en cuenta que las empresas de taxis están reguladas por la normatividad nacional.

“Mencionar que esto corresponde a la política de los gobiernos del cambio, de no permitir la ilegalidad en el transporte y en el ejercicio de las funciones que atinentes a la Secretaría de Movilidad”, puntualizó Castro Coronado.

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