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Conozca la verdad sobre la supuesta extinción de dominio de bienes a Caicedo y Martínez
En este artículo desmontamos el embeleco armado por la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.
Por Redacción Cambio24
Cuando en Cambio24 publicamos, hace algunos días, lo que había detrás del proceso impulsado por la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, sabíamos que algo se estaba fraguando contra los movimientos alternativos en distintas zonas del país. Y no nos equivocamos.
En la Fiscalía General de la Nación una fuente filtró a Caracol Radio lo que sería “la noticia bomba”: que esa entidad emprendería un proceso de extinción de dominio contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y contra el exalcalde de Santa Marta y hoy secretario de Infraestructura departamental, Rafael Martínez.
Pero hay bombas que, como esta, solo sirven para asustar pero no tienen nada dentro. Aquí le explicamos por qué hacemos esta afirmación.
La solicitud de extinción de dominio se basa con un informe de 2017 y está soportado en el supuesto que Caicedo, Martínez y los contratistas de los puestos de salud están capturados y suspendidos por la Procuraduría General de la Nación, lo que es totalmente FALSO.
Los embargos contra los bienes datan de, por lo menos, junio de 2019, por lo que se trataría de una actuación meramente mediática con fines que no están del todo claros.
Sumado a todo esto, el informe de prensa filtrado a Caracol y que después fue difundido por la Fiscalía General de la Nación asegura que Caicedo y Martínez tienen 11 bienes a su nombre, lo cual ha sido utilizado para ironizar por parte de periodistas abiertamente opositores en Santa Marta.
Eso es otra FALSEDAD: En realidad, de forma tendenciosa, el boletín de prensa deja ver que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tiene tres propiedades cuando todo hace parte de un mismo inmueble (un apartamento en un conjunto residencial).
Esta propiedad y otra, en el sector de Mamatoco, fueron compradas lícitamente mucho antes de los hechos materia de investigación como irresponsablemente insinúa la Fiscalía General de la Nación.
