El inframundo de la red hospitalaria del Magdalena que encontró Carlos Caicedo

La red pública hospitalaria del departamento fue recibida por el nuevo y actual mandatario departamental, con una planta física en ruinas y en condiciones antihigiénicas; una dotación obsoleta e insuficiente; una red de ambulancias deteriorada; unos procesos administrativos desordenados; con una cartera irrecuperable, sin recursos, endeudada y en total quiebra; con un recurso humano en condiciones inestables e indignas y con una oferta insuficiente e inadecuada atención a las necesidades de la gente.

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En un informe, junto con un Plan de Mejoramiento, el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pareciera que descubrió el “inframundo” de la Red Hospitalaria del Magdalena, el cual compartió para su conocimiento con el Contralor Departamental, Carlos Cabas, con los gerentes de los hospitales de primer y segundo nivel y con los medios de comunicación local, regional y nacional.

El informe, inicialmente, destaca que la cartera total por cobrar es de $185 mil millones. El pasivo total es de $200 mil millones, de los cuales $85 mil millones corresponden al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche -Hujmb- y $115 mil millones a los hospitales de niveles 1 y 2. Asimismo, el 52% de la cartera es mayor a 360 días, además, la red presenta 502 procesos judiciales en contra.

Nueve de los 25 hospitales se encuentran en malas condiciones físicas, lo que equivale al 36% de la red pública hospitalaria. Doce de ellos están en regulares condiciones, lo que representa el 48%; y solo 4 se encuentran en buen estado. Los hospitales suman un patrimonio de $107 mil millones.

Con relación a lo anterior, el informe citó al caso del Hospital Santander Herrera, del municipio de Pivijay, donde solo dos de sus 11 corregimientos tienen puestos de salud habilitados. Otro caso mencionado es el Hospital de Algarrobo, cuyo municipio dispone de puestos de salud en mal estado y abandonados.

La red hospitalaria cuenta con mínimas garantías laborales, debido a que el 34% del recurso humano corresponde al área administrativa y 66% pertenece al área asistencial. Los trabajadores de planta son 736, lo que equivale al 24% y los contratistas son 2.317, lo que equivale al 76%. Esta situación se evidencia en el Hospital Luisa Santiaga Márquez de Aracataca, donde muchos contratistas no se encuentran en el municipio.

De las 80 ambulancias habilitadas en los hospitales, el 71% no funciona adecuadamente: solo 23 tienen un buen estado, lo que equivale al 29%; 33 están en regulares condiciones, lo que equivale al 41%; mientras que 30 presentan un evidente deterioro, es decir el 29% de la red. Una muestra de esta situación se registra en el municipio de Nueva Granada, cuyo hospital cuenta con 3 ambulancias: 2 están en el taller y 1 está dañada. En Tenerife, el hospital solo cuenta con 3 ambulancias: 2 terrestres están en mal estado y 1 fluvial que no funciona. Hay un déficit de 686 camas, de las cuales hay un faltante entre UCI y Cuidados Intermedios de 477 camas.

SOLUCIÓN DEL GOBERNADOR

Para superar la crisis en la red pública hospitalaria, el Gobernador dijo que creará la Unidad de Intervención en Salud Hospitalaria, enfocada en la gestión administrativa, operativa y financiera.
Para ello, se trabajará de forma articulada con las secretarías de salud municipales y los gerentes de cada uno de los hospitales.

Con la gestión administrativa se hará depuración, cuentas por cobrar, depuración de pasivos, saneamiento contable y financiero, gestión de contratación, gestión de facturación, cartera y gestión de compras e inventarios.

En el frente operativo, la Gobernación avanza en la gestión de calidad en salud; gestión de mercadeo; y el fortalecimiento técnico y científico. En la parte operativa, se adelanta la gestión administrativa, el fortalecimiento de la defensa judicial, recursos humanos dignos y de calidad y mejores recursos físicos para los empleados de la red hospitalaria.

Esta intervención gubernamental también le apuesta a la implementación de políticas administrativas departamentales en salud pública con los territorios; también busca potencializar el uso racional de los recursos; acompañar la gestión de los gerentes; optimizar las áreas administrativas; buscar mayor viabilidad financiera; recuperar la confianza pública; implementar esquemas de gestión administrativa, orientados a resultados; vincular a la comunidad en comités de participación popular; y crear veedurías de acompañamiento a la gestión.