Se realizó con éxito el lanzamiento de la Política Pública de Trabajo Decente en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, primera ciudad en el país con una política aprobada de este tipo y que nace de la mano de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta política pública, aprobada por el Concejo Distrital el 4 de noviembre de 2021, es fruto del esfuerzo irrestricto del Distrito por establecer acciones estratégicas orientadas a la generación de empleo y al fomento del emprendimiento, tal cómo está contemplado en el Plan de Desarrollo “Santa Marta Corazón del Cambio” 2020-2023.
La Política Pública de Trabajo Decente está conformada por 4 dimensiones, 19 programas y 203 acciones contempladas para los años 2021 a 2032, que permiten la generación de empleos dignos y productivos, protección social, derechos fundamentales en el trabajo y diálogo social tripartito.
Además, con ella se busca dar respuesta a los compromisos adquiridos entre la Alcaldía y la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, compromisos que quedaron pactados en una carta de intención firmada el pasado 20 de agosto de 2020, cuyo objetivo principal es proveer un marco de cooperación y facilitar el desarrollo de actividades para la formulación e implementación un una Política Local de Trabajo Decente con énfasis en el sector rural y con enfoque de género, teniendo en cuenta las afectaciones sociales, económicas y laborales generadas por la COVID-19.
Cabe destacar que Santa Marta también es la primera ciudad con una mesa técnica tripartita en la que se propone la participación de los actores claves del mundo del trabajo, que incluyen a los representantes de los trabajadores, como organizaciones sindicales u otras; a los empresarios o productores, como gremios productivos o sectoriales, asociaciones u otras; el gobierno local, y, a su vez, la participación de otros actores relevantes tales como la academia, entidades de formación, organizaciones sociales, entre otras, que tengan incidencia en materia de trabajo
