A propósito de la intención del Consejo Superior de Unimagdalena de implementar el voto electrónico.

La decisión que tomó el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena de implementar el voto electrónico paras las próximas elecciones internas no se entiende. Y no se entiende si se tiene en cuenta, entre otras cosas, que ya han ocurrido positivas experiencias de voto presencial en medio de la crisis sanitaria por Covid-19.

No se entiende cuando hace poco, como todos los medios de comunicación pudieron recoger oportunamente, el municipio de San Zenón vivió elecciones atípicas.

En esa población, que congrega un poco menos (pero no tanto) de la masa votante convocada a participar en la Universidad del Magdalena, la ciudadanía salió a votar bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Justamente la Gobernación del Magdalena, en cabeza de Carlos Caicedo, pudo garantizar que nadie se preocupara por contraer el Covid-19: un filtro de entrada a los puestos de votación donde se tomaron datos personales y temperatura de los participantes y, al interior, se instalaron puntos de desinfección al tiempo que se suministraron tapabocas, gel antibacterial y alcohol glicerinado y se incentivó al cumplimiento del distanciamiento social requerido. No hubo quejas; todo salió bien.

Por ello no se entiende por qué mejor aplicar todos los protocolos necesarios para que la comunidad universitaria participe activamente.

No se entiende hasta que se analiza un factor: la necesidad, sí o sí, de mantener el control en un proceso electoral que, por ejemplo en el Atlántico bajo esa modalidad, ha sido ampliamente cuestionado.