El Clan Diazgranados sigue desgastando a la justicia con denuncias que se caen contra Caicedo

Una nueva victoria judicial, que se suma a las más de 80 en los últimos meses, obtuvo en las últimas horas el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

El mandatario departamental fue absuelto de una investigación que cursaba en la Procuraduría General de la Nación, exactamente de la Procuraduría Delegada Disciplinaria 6 para la Contratación Estatal, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 295 de 2014.

La denuncia fue colocada en su momento por el ex representante a la Cámara y miembro de la politiquería tradicional del departamento, Eduardo Díazgranados Abadía, quien adujo que las obras, de un valor superior a $2.000 millones y que beneficiaban a tres instituciones de la ciudad en cuanto a mejoras en su infraestructura “presuntamente se caía a pedazos, lo cual puso en riesgo a los niños que estudiaban en esa institución educativa”.

Sin embargo, los peritos designados por la Procuraduría desestimaron ampliamente la falsedad de tales afirmaciones.

En uno de los apartes de la providencia, el perito deja claro que “con lo evidenciado in situ, se confirma desde el punto de vista técnico, que lo contratado y ejecutado de las obras en las instalaciones físicas en las lED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y Nicolas Buenaventura, CUMPLEN con el objeto estipulado en los Estudios Previos (etapa pro-contractual), como también, Io desarrollado y realizado de obras en esos sitios específicos, CUMPLEN con el objeto estipulado en el contrato de obra suscrito (etapa postcontractual).

Desde el punto de vista técnico, destaca el informe las obras ejecutadas en las IED “presentan y se observan buenos acabados, la construcción de las edificaciones en general (aulas), denotan un buen proceso constructivo, Ia infraestructura física y locativa se evidenció en buen estado”.

El informe con el que se desestima esta investigación deja claro que desde lo técnico el contrato se cumplió a un 100%.

“(Se ha) cumplido a cabalidad y que si bien se presentaron prórrogas y adiciones al mismo, esto obedeció a que era necesario mejorar su funcionalidad, correcto aprovechamiento y aspectos propios y normales en la ejecución de este contrato; así mismo, que las lED fueron encontradas en normal estado de funcionamiento y uso, sin inconvenientes constructivos, o de calidad de materiales”, detalla ampliamente la providencia.

Esta es una de las tantas investigaciones que en los últimos siete años han sido promovidas por sectores de la politiquería tradicional, especialmente por la familia Díazgranados, y que no llevan a ningún lado, generando desgaste en la administración de justicia y gastos innecesarios tanto para los organismos como para quienes deben defenderse de estas arbitrariedades. Habría que preguntarse…

¿Cuánto dinero se pierde atendiendo las falsas denuncias? ¿Cuánto dinero y tiempo se pierde al desgastar el sistema de justicia? ¿Cuándo responderán los politiqueros tradicionales por promover estas acciones temerarias?