Magdalena

Fuerza ciudadana alerta sobre la violación al derecho fundamental de elegir y ser elegido

Mediante oficio dieron a conocer la posición que asume el Ministro de Salud y la Protección Social Fernando Ruiz Gómez, a la consulta elevada por el registrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán Namén, en relación con los procesos de recolección de firmas de revocatoria de mandato y candidaturas presidenciales y que para efectos prácticos, se hace extensivo a todos los grupos significativos de ciudadanos, que pretenden inscribir candidaturas mediante este mecanismo a nivel nacional.

El oficio alerta que la respuesta conduce a concluir la inviabilidad para llevar a cabo procesos de recolección de firmas en todo el país, lo que resulta contradictorio, toda vez que recién, la Registraduría Nacional, viene avanzando en la cédula electrónica con miras a la habilitación del voto electrónico, sin embargo, nada se dice de los procesos de recolección de firmas; ni la Registaduria ni el Ministerio, emiten un concepto que habilite de forma inequívoca los comités de recolección de firmas columna vertebral de la participación democrática, dado que el calendario electoral precisamente inicia activando las fechas para la inscripción de los grupos promotores de candidaturas por firmas, conquista de la Constitución de 1991.

Dice además la carta que cerrar esta posibilidad , es retroceder en el tiempo, hacía momento de la vigencia de la Constitución de 1986, cuando los espacios de participación desembocaron en un bibartifidmo asfixiante al punto de promoverse un frente nacional o cogobierno, en donde unos y otros se alternaban el poder.

Martínez, invito a los promotores de grupos significativos de ciudadanos y directivos de movimientos y partidos políticos sin personería jurídica en todo el país, a participar en una movilización virtual con el hashtag #DemocraciaReal que inició desde las 8:00AM de esta mañana, en la que se está denunciando y alertando sobre estas restricciones democráticas y clamando por garantías al plano derecho de participación ciudadana.

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