La historia del “conejo” que le hizo el Concejo a candidato a personero en Cerro de San Antonio

Presuntamente la acción está siendo promovida por concejales de esa municipalidad del Magdalena.

Por Redacción Cambio24

Carlos Mario Rojas, un joven aspirante al cargo de personero en el municipio de Cerro de San Antonio ha denunciado las presuntas maniobras poco claras que un grupo de concejales estaría promoviendo para evitar que acceda a ese cargo.

Según comenta el afectado que el proceso venía realizándose con normalidad. Incluso, en la ponderación general, obtuvo una calificación de 70 puntos sobre 100. Sin embargo, allí empezaron las irregularidades pues el concejo municipal habría suspendido la escogencia amparándose en la emergencia sanitaria por Covid-19.

“El 27 de marzo el Concejo Municipal suspendió el proceso por el covid-19 cuando aún el Gobierno Nacional no había decretado esas suspensiones, lo hizo el día siguiente (…) al reanudarse las sesiones, en mayo, el día 4 de mayo la bancada de Cambio Radical volvió a proponer la suspensión del proceso y los demás integrantes del Concejo no aceptaron. Yo propuse acortar el cronograma para mi nombramiento, porque soy el único que sigue en proceso y al parecer las cosas se iban a dar; quedaba la entrevista y el nombramiento”, indicó Rojas.

El abogado, que esperaba esta semana se finiquitara su nombramiento pues legalmente le corresponde ocupar esa responsabilidad, se quedó a la espera. Todo por una orden de la personera anterior que todavía continúa en el cargo.

“Ayer estaba planificada mi entrevista para luego pasar a mi posesión y me enteró que el proceso fue suspendido porque la actual personera María José Castro Vélez ofició y fue aprobado por los concejales Ariel Fontalvo, Divier Quiroz y José Pérez de Cambio Radical, así como los señores Luz Álvarez y Salvador Barranco de los partidos Liberal y Centro Democrático, respectivamente”, resaltó.

Esta situación, que es considerada por el afectado como ilegal, está en los tribunales. Rojas ha interpuesto una tutela y una denuncia judicial para evitar que sus derechos sean afectados por la clase politiquera tradicional del departamento.