En una decisión que ha generado diversas reacciones en la ciudad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha revocado la candidatura de Patricia Caicedo para la Alcaldía de Santa Marta. Esta noticia ha generado una gran alegría entre los opositores al gobierno actual o los también conocidos como los “viudos y huérfanos de poder” en la ciudad.
La decisión del CNE ha sido tan celebrada por esos sectores que por fortuna no son ni el 5% de la población, que incluso han realizado manifestaciones de jubilo. Se han lanzado cohetes en un sector exclusivo de la ciudad y hasta han comenzado a organizar caravanas para festejar como nunca antes lo habían hecho.
Para los opositores de los gobiernos del Cambio en Santa Marta, la decisión de CNE les abre una ventana para volver al poder y por eso la han celebrado como si hubieran obtenido una victoria en las urnas.
Cabe destacar que a pesar de su entusiasmo, en los últimos 12 años no han logrado derrotar al partido político con mayor éxito en la ciudad y al cual hace parte Patricia Caicedo, de ahí que celebran como si lo hubieran hecho.
La candidatura de Patricia Caicedo había generado controversia desde su anuncio, porque los opositores de los gobiernos del Cambio en Santa Marta consideran que su elección sería una continuidad de esos cambios que, aún cuando sean benéficos para la ciudad, no lo es para sus propios intereses políticos, ya que así se alejan más de la posibilidad de volver algún día al poder en el que se mantuvieron por más de 50 años.
El fallo también ha sido motivo de disgusto para aquellos que respaldan a Patricia y al cambio y ven en ella una opción viable para continuar con las políticas implementadas por el gobierno actual. Esos sectores consideran que la decisión del CNE es injusta y atenta contra la voluntad popular.
En conclusión, la revocación de la candidatura de Carmen Caicedo para la Alcaldía de Santa Marta ha generado una fuerte reacción en la ciudad. Mientras unos pocos celebran el hecho como una victoria sobre el actual gobierno, otros consideran que es una decisión injusta que ha limitado la elección democrática en la ciudad. El impacto de esta resolución en las próximas elecciones locales aún está por verse.
