La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, según sus estatutos, es un “ente corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Magdalena. Es un ente del orden nacional, que como su nombre lo indica, cuenta con autonomía administrativa y financiera, así como patrimonio propio y personería jurídica”. Fue creada por la ley 28 de 1.988 y modificada en su jurisdicción y denominación por la ley 99 de 1.993 y su jurisdicción abarca todo el territorio del departamento del Magdalena conformado por 29 municipios y un Distrito especial.
No obstante, en sus estatutos de funcionamiento que se ordenó mediante el decreto 2555 de octubre 16 de 1997, se estableció el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen Especial y se adoptaron otras disposiciones.
En esa reforma se estableció en el Artículo 3º que la designación del Director General se efectuara en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo y se celebrara dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre del año anterior a la iniciación del período institucional consagrado en la Ley 99 de 1993.
Sin embargo, coincidencialmente y preciso este año de elecciones de gobernadores, ese artículo de designación del director regional se modificó en una muy reciente reforma de los estatutos que se hizo mediante un acuerdo de Consejo Directivo número 17, el pasado 2 de agosto del presente año y en el que se estableció que la designación ya no sería dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre del año anterior a la iniciación del período institucional consagrado, sino el 25 de octubre, es decir, dos días antes de las elecciones del nuevo Gobernador.
Ante esa nueva situación, pues la designación del director se haría primero de que se conociera al menos el nombre del nuevo Gobernador y no después de que se supiera, el Procurador General en aras de una transparencia e imparcialidad, le advirtió al director regional de esa corporación “sobre el riesgo en la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional y de los miembros del Consejo Directivo en el marco de las elecciones de autoridades territoriales y le manifestó que: “Es preciso asegurar la plena independencia entre el debate político territorial y el procedimiento técnico de escogencia de quien tendrá a su cargo el manejo de la CAR y su Consejo Directivo, considerando la función que esta cumple y su alto impacto sobre la gestión ambiental en las entidades territoriales”.
De la misma manera le dijo que: “es fundamental que se lleven a cabo con plena transparencia electoral, blindados de posibles influencias desorientadoras, tanto en candidatos como en electores, así como disipar dudas sobre acuerdos clientelares que pudieran enrarecer y distorsionar el libre ejercicio de la actividad política proselitista”.
En ese sentido, la Procuraduria General de la Nación exhortó a esa Entidad para que adoptara las medidas pertinentes en la materia, en particular, que evaluara los mecanismos que garantizaran una amplia convocatoria para los aspirantes a director de la Corporación Autónoma Regional a fin de que contaran con las calidades técnicas y gerenciales requeridas para el cargo. Adicionalmente, garantizar que la elección de nuevos miembros del Consejo Directivo, especialmente, representantes de las entidades sin ánimo de lucro, del sector privado y de las comunidades indígenas, se hiciera con base en un proceso de convocatoria pública y de buenas prácticas para prevenir actos indebidos. “La finalidad debe ser un proceso destacado por la moralidad y la transparencia”, le recalcó la máxima autoridad de ese ente disciplinario.
Pero pese a todas esas advertencias ni el Consejo Directivo y mucho menos el director regional de la Corporación
Autónoma Regional, hicieron caso y proseguieron a reelegir al actual director, Carlos Francisco Diazgranados, de las familias tradicionales que siempre se habían mantenido en el poder político administrativo de la ciudad y el Departamento hasta antes de los últimos ocho años y el cual es primo hermano de Sergio Diazgranados, ex ministro de comercio, Juan Pablo Diazgranados, exalcalde de Santa Marta y ex viceministro de agricultura y Eduardo Diazgranados, ex Representante a la Cámara, todos enemigos políticos declarados del recién elegido Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.
Para muchos, incluso para el nuevo Gobernador, esa ligereza por renombrar al miembro de la familia tradicional es muy sospechosa y explica una presunta premeditación o anticipación de lo que temían iba a suceder y por eso prefirieron desacatar la advertencia del Procurador General y no arriesgar lo único que aún los mantiene ligados a un poder departamental, pues como es ya de conocimiento público, tanto la Alcaldía como la Gobernación, ahora son de la nueva fuerza política que los ha venido desplazando del poder durante los últimos ocho años y no se sabe hasta cuánto tiempo más y por ello tal vez optaron por no perder la última ubre que los mamantará al menos por los próximos cuatro años de la sequía que se les inicia a partir del venidero primero de enero.
