Lo que hay detrás de la investigación que abre la Procuraduría contra Rosa Cotes y dos de sus exfuncionarios

Luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de formular pliego de cargos contra la exgobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019), por presunto fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios de comunicación en 2016, y que afecta a los jefes de la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, Eduardo Rafael Rodríguez Orozco y Elkin Leandro Carbonó López, respectivamente, salió a flote un viejo comentario que estuvo en los corrillos de la Gobernación en esos tiempos.

Ese corrillo hacía referencia a que se cobraron sumas millonarias de dinero justificando supuestos servicios de publicidad y comunicación que nunca se prestaron.

Los cuestionados negocios jurídicos fueron celebrados el 18 de marzo de 2016 con la empresa IVM Marketing Publicidad SAS por $300 millones; el 14 de abril del mismo año con Aremilde Pinto por $431 millones y ese mismo día con Producciones Yijanith Franco EU por $431 millones.

Estos dineros, al parecer, se destinaron al pago de servicios de comunicación. Sin embargo, en todos estos años, se conocieron denuncias de cobros de recursos a nombre de empresas y personas que nunca lo prestaron.

“A mi me indicaron que aparecía en las órdenes de pago a profesionales y que durante meses ponían mi nombre en esos listados, pero en realidad nunca recibí ningún contrato publicitario ni mucho menos recurso alguno. Eso lo hicieron con muchos periodistas locales”, comentó una fuente a Cambio 24 que prefirió omitir su identidad.

Sin embargo estas acciones no solo eran promovidas, presuntamente, por Elkin Carbonó como jefe de comunicaciones de la administración departamental. También hubo personajes oscuros encargados de direccionar recursos y de hacer, supuestamente, estas triquiñuelas a costa del erario de los magdalenenses.