Tal vez estamos entrando a una época de la cual podemos afirmar que se aprecia una decadencia de la mentira. La gente no solo observa con insatisfacción la no solución de sus problemas y la desatención de sus necesidades, sino que también expresa una arraigada desconfianza de sus instituciones y de la mal llamada “clase política” en general. En realidad el sistema social ha venido sacrificando vidas y sueños sin una respuesta sensible al dolor colectivo e individual. El neoliberalismo empuja día a día a la gente al ámbito de la esfera del mercado, tal cual como los ganaderos llevan sus reses al matadero. El mundo de lo público no solo se ha achicado sino que se ha llenado de toda clase de mentiras, lo que lo hace insoportable para la gran masa de los ciudadanos.
No parece caprichoso afirmar que la verdad se sacrifica a toda hora, en todas partes y a costa de lo que sea.
La ciudadanía representada por sus organizaciones políticas, cívicas y sociales ha convocado una gran marcha para el 21 de noviembre a escala nacional. Muchas cosas estarán en juego en el paro y marcha del próximo jueves. Las organizaciones citantes medirán su capacidad de convocatoria y, a su vez, el pulso del notorio nivel de insatisfacción con el actual Gobierno del Centro Democrático. También será un reto para los organizadores el control de las marchas para evitar el saboteo o la violencia, muchas veces estimulada o iniciada por provocadores profesionales infiltrados por organizaciones radicales o del mismo gobierno, tal como ha sido denunciado en infinidad de veces.
Los artículos 37, 38 y 56 de la Constitución Política de Colombia establecen el derecho a las manifestaciones y a las huelgas. Sin embargo las protestas se tienen que hacer realidad dado que el Estado, por regla general, no le presta atención a las reclamaciones de las comunidades o gremios. La democracia ha quedado reducida a una participación electoral muchas veces manipulada. El Estado solo actúa con prontitud cuando las marchas o las manifestaciones se salen de control y la fuerza pública pasa del deber preventivo a la dura represión. Esto último ha llevado a que la protesta en Colombia tenga dos problemas: se ha estigmatizado por parte de quienes sostienen privilegios y ostentan el poder y, también, es muy cierto, se han infiltrado actores que promueven el vandalismo. Aun así una decena de infiltrados o saboteadores no pueden deslegitimar el reclamo y la acción pacífica de miles o millones de personas.
Los partidos políticos tradicionales o gobiernistas han manifestado su pleno rechazo a las marchas. Por el contrario, los partidos democráticos o alternativos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, indígenas, gremios, artistas y hasta la nueva Señorita Colombia se refirieron concurrentemente al asunto. Y de verdad razones no hacen falta: ausencia de una política social, desfinanciación de la salud y la educación, intenciones de afectación al derecho al trabajo, a la pensión y a la salud. A esto es posible agregar la falta de implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato de algunos líderes sociales. Existe, pues, un descontento general con las políticas uribistas del actual Gobierno. El paro nacional y la marcha serán un termómetro social para el a toda hora cuestionado gobierno de Iván Duque.
¡Vamos a marchar!
