Rafael Martínez no debió ser suspendido como Alcalde de Santa Marta en 2017, Procuraduría lo declara inocente

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial declaró “no probado y desvirtuado el cargo único de participación en política”, imputados contra el ex alcalde Rafael Alejandro Martínez, absolviéndolo de los señalamientos que ocasionaron su suspensión como Alcalde durante 90 días, en el año 2017. Con el fallo se evidencia el montaje para la injusta suspensión de Martínez, la violación a sus derechos políticos y la persecución contra los movimientos progresistas o alternativos.

Esta sentencia fue referenciada con el número de radicación IUS E-2017-869639 IUC D-2017-1038548 del ente de control y estuvo a cargo de Procurador Delegado, Luis Francisco Casas Farfán.

Fallo descargable:

IUS E-2017-869639 IUC D-2017-1038548 FALLO PRIMERA INSTANCIA (1)

Esta investigación demuestra la persecución sin fundamento, en la que se vulneraron los derechos políticos de Rafael Martínez, bajo el argumento que el exalcalde Carlos Caicedo y hoy Gobernador del Magdalena, asistió a la inauguración de los Juegos Bolivarianos, el pasado 1 de noviembre del 2017, con fines de promover su candidatura presidencial, y señalando a Martínez de participar en política en favor del mencionado precandidato.

Todos esos argumentos fueron desvirtuados en la investigación teniendo en cuenta que Carlos Eduardo Caicedo asistió a algunos espacios por invitación del Comité Olímpico, que extendió la misiva para que acompañara las justas del 11 al 24 de noviembre, la inauguración el día 11 de noviembre, las premiaciones y además le entregó acreditación para poder ingresar a todos los eventos deportivos que se realizaron. El fallo señala además que la presencia de Caicedo se dio “en el marco de una relación de colaboración con la organización de los Juegos Bolivarianos, ad honorem y generosa de él, desprovista de cualquier fin o interés político”.

Se debe recordar que dicha investigación derivó en la suspensión del cargo del ex Alcalde por un periodo de 90 días, tiempo en el que, por capricho de un procurador, Martínez estuvo alejado de la gestión pública, los proyectos del Gobierno del Cambio y perdió tiempo que no podrá recuperar en su propósito de la continuidad de la transformación de la ciudad. Esto además de violar su derecho político, desconoció la decisión de miles de samarios que votaron por la Fuerza del Cambio.

Con esto queda demostrado una vez más, que los clanes políticos, usando todo tipo de artimañas y negándose al hecho de perder en las urnas, provocaron la suspensión del cargo de Rafael Martínez, incentivaron un comportamiento atípico, favorecieron a las mafias y los propósitos del Uribismo.

La Procuraduría no puede, como expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulnerar los derechos de los funcionarios públicos elegidos por votación popular, así algunos políticos se empeñen en usar las instituciones a su favor para derrotar las manifestaciones democráticas de los ciudadanos.