Mientras Claudia López e Iván Duque solo rechazan, Caicedo hace contundente propuesta.

Los pronunciamientos institucionales tras las protestas en Bogotá

Luego de las protestas ocurridas en Bogotá tras el asesinato, por parte de miembros de la fuerza pública, del abogado Javier Ordóñez, los pronunciamientos institucionales no se han hecho esperar. Máxime, después de algunas alteraciones al orden público.

Al respecto, el presidente de la República, Iván Duque, no ha lanzado una propuesta concreta pero sí condenó los hechos.

“Como Gobierno insistimos en cero tolerancia contra quienes deshonran el uniforme de la Fuerza Pública y son hechos que tienen que individualizarse. Nos duele lo que pasó ayer y las vidas que se perdieron y, por eso, como país debemos rechazar cualquier expresión de violencia”, indicó el mandatario.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció pero solo en rechazo a los hechos ocurridos.

“Le ruego a la Policía humildad y perdón porque ayer se rompió la confianza con la ciudadanía. Hoy necesitamos enmienda y reconocimiento de los hechos”, remarcó la mandataria bogotana.

Sin embargo, el gobernador Carlos Caicedo, en el Magdalena, además de rechazar los hechos, propuso concretamente trasladar al Ministerio del Interior la Policía Nacional.

“Proponemos también que la Policía Nacional se traslade al Ministerio del Interior y desde la gobernación exhortamos a una visita urgente de una misión humanitaria internacional que incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la formulación de una hoja de ruta con recomendaciones técnicas al Gobierno Nacional”, anotó Caicedo Omar.

A su juicio, esto será posible a través de una reforma constitucional que permita diseñar una nueva autoridad policiva que restablezca la confianza de la ciudadanía. “Dé garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos y cumpla su verdadera misión: proteger a todas las personas en vida, honra y bienes”, puntualizó.

El mandatario estableció la necesidad de disolver el ESMAD y prohibir el porte de armas de fuego y letalidad reducida en el control de protestas.