Al mejor estilo de “me deja el avión”, fueron cada uno circulando y buscando excusas para desaparecer de la reunión que l final, dejó a todo el mudo, especialmente a las víctimas de amenazadas con los crespos hechos.
Como siempre, la foto para la prueba que justifica la asistencia y la firma del formulario que evidencia la presencia en el evento. Al final de todo, nada queda resuelto, las victimas sin respuesta y los funcionarios, felices, regresan a sus oficinas a espera el fin de mes para volver a cobrar un salario que tal vez no ganaron.
Una historia real de nuestra amada Colombia.
Jennifer del Toro, defensora de Derechos Humanos amenazada, nos la cuenta así, en su portal de Facebook:
¿Les cuento algo que me pareció muy terrible?
Algunos de ustedes saben que soy una defensora de Derechos Humanos amenazada.
El viernes 31 de julio se convocó en Santa Marta una reunión en la que participaron el director de la UNP, Alfonso Campo, el director de la unidad de víctimas, Jorge Rodrigo Tovar , el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, su secretario del interior, José Humberto Torres, y la encargada de la oficina de Paz del departamento, Anabel Zuñiga. Por parte de las organizaciones sociales fuimos invitadas, la defensora de DDHH Christina Cantillo, el académico Lerber Dimas, dos líderes de Ciénaga, y yo.
El objetivo de esa reunión, tal como se anunciaba en la carta de invitación, era conocer el estado de las investigaciones y los procesos judiciales que se siguen por nuestras amenazas, el avance en las investigaciones por los asesinatos de nuestros compañeros, entre ellos el de mi amigo Alejandro Llinás.
Con esa expectativa acudimos puntuales a una reunión convocada a las 9:30 am. Pasada una hora de espera, nos anunciaron que el vuelo en el que venía el director de la UNP estaba retrasado, que había que esperar. .. esperamos ¡hasta la una de la tarde!
Finalmente la atropellada reunión dio inicio con los consabidos discursos de instalación y presentación… acto seguido, TODOS se fueron levantando de la mesa argumentando cosas como que “los iba a dejar el vuelo” y diciendo, eso sí, “volveremos” … como si acaso eso nos sirviera de algo.
¿De qué nos sirve que el director de fiscalías nos diga que las investigaciones van por buen camino, si en mi caso ni siquiera me han dicho de dónde salieron las amenazas del 2017, 2018, 2019, y las dos que tengo este año?
¿De qué nos sirve que el director de la UNP diga que no existen víctimas de primera y segunda categoría, cuando sabemos que en la ciudad hay ex paramilitares con esquemas de seguridad robustos, y los defensores que estamos metidos en las comunidades trabajando con y para la gente, denunciando las causas estructurales de los problemas sociales: corrupción, narcotráfico, redes de explotación sexual, desplazamientos y despojo de tierras GOBERNANZA CRIMINAL; seguimos en la incertidumbre y la amenaza constante de no saber ¿cuándo ? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? Nos pueden matar…
TODOS se fueron, menos el secretario del interior del departamento que incluso rogaba insistentemente a los funcionarios nacionales para que nos escucharan.
Finalmente me quedan algunas preguntas:
¿Cuánto habrán costado los viáticos de estos funcionarios públicos para venir a una reunión que duró 20 minutos?
¿El tratamiento de poca importancia que nos dan a los defensores de DDHH en el Magdalena tendrá algo que ver con esos sesgos y disputas ideológicas que hay entre el gobierno nacional y el departamental?
¿Se estarán desarrollando en el Magdalena las tesis del “golpe suave” de Sharp, generando con todo tipo de acciones un creciente clima de ingobernabilidad?
Lamentable si así fuera, porque mientras la derecha se esfuerza por disputar su legitimidad en el Magdalena con los Cotes como punta de lanza de esta estrategia; a los líderes nos matan, nos amenazan, y con eso desactivan nuestros procesos, y aumentan las brechas de la desigualdad, y pierde con ello la ciudadanía.
Nosotros no estamos interesados en hacer eco de nadie. Nuestras posturas son claras: hacemos valer los derechos humanos en el territorio. A pesar de la falta de garantías. Y la defensa de nuestras vidas es una tarea del Estado, que es siempre superior al gobierno.
Pero si el Estado nos dice que no nos puede proteger ¿cuál será la opción para nosotros?
