Estos son los retos del nuevo gerente del hospital Julio Méndez Barreneche

El nombramiento del médico Jairo Romo en la gerencia del hospital Julio Méndez Barreneche se convierte en una oportunidad para iniciar una nueva etapa en la que se puedan superar las situaciones que se convirtieron en un lastre para el principal centro de salud del departamento.

Y es que desde la llegada del gobernador Carlos Caicedo a las riendas de la administración departamental han desnudado los distintos problemas que atraviesa el emblemático centro hospitalario. Solo al iniciar el año el secretario de Salud Departamental, Jorge Bernal, dejó en evidencia que el saliente gerente, Tomás Díazgranados, omitió lo establecido en el Decreto 025 del 13 de enero de 2020 de la Gobernación del Magdalena, enfocado al “Plan de Racionalización del Gasto y Sostenibilidad de Hospitales”.

“El gerente del Hospital, Tomás Díazgranados, decide no acogerse al Plan de Racionalización del Gasto y agudiza la crisis del centro asistencial a 3 meses de irse del cargo, luego que, de los 38 mil millones destinados para la vigencia 2020, el directivo, comprometió cerca de $21 mil millones en contratos de 4 meses y dejó en peligro la salud de los magdalenenses”, manifestó en su momento el gobernador Caicedo.

El hospital Central, que solo entraría en operación hasta 1990 después de 17 años de estar en construcción y que desde ese momento hasta la actualidad ha vivido sumida en una eterna crisis, fue calificado en el 2015 con riesgo medio  por el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que tuvo que entrar al programa de saneamiento fiscal y financiero durante un periodo de 10 años.

“En este momento el Hospital es insostenible, no hay solvencia, hay un vacío de alrededor de $40 mil millones, se han ocultado informes de la superintendencia y se ha contratado hasta el mes de abril pasando por encima del decreto que ordena el control del gasto en los hospitales públicos. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica Departamental, Crispín Pavajeau, anunció que se interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría, denuncia penal ante la Fiscalía y un reporte administrativo a la Contraloría, sobre las acciones irregulares”, precisó, en su día, el gobernador.

40 trabajadores de planta y cerca de 900 contratos por orden de prestación de servicios, de los cuales más de 350 están relacionados con el área administrativa; la inexistencia de equidad e igualdad de trato al momento de definir las necesidades del área administrativa con respecto a las necesidades de la prestación del servicio y la falta de una tabla que defina igualdad de criterios para qué trabajadores, que hacen las mismas actividades, tengan asignados el mismo pago de honorarios, hacen parte de las irregularidades que deberá afrontar Jairo Romo, sumado al hecho que tiene que activar lo más pronto posible, en medio de la emergencia del Covid-19, una UCI que no funciona…