Por Antonio Sanguino
El ex presidente, jefe y dueño del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, parece no tener límites en su ambición por mantenerse en el poder. Nada lo detiene. Ni la pandemia y sus estragos en la sociedad colombiana; ni los pobres resultados del gobierno Duque que nos tienen entre los peores países en el manejo de la crisis generada por el coronavirus o como uno de los más desiguales del planeta o como el segundo más violento en la defensa de las causas ambientales; como tampoco los numerosos y voluminosos expedientes judiciales sin solución a la vista, que lo llevaron a renunciar al Congreso de la República para escapar a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Además, se ha puesto a la tarea con todos los juguetes. Desde los aposentos en el Ubérrimo, su hacienda en Córdoba, y desde la caverna de sus prejuicios e ideas políticas, dijo recién salió de su detención domiciliaria, “ojo con el 22”. A renglón seguido ha venido convocando a raimundo y todo el mundo del establecimiento más retrogrado: los clanes políticos familiares de todos los tamaños y colores que dominan gran parte del poder regional y han tenido las mayorías del Congreso; los partidos de la derecha política desde el propio Centro Democrático pasando por Cambio Radical y el Partido de la U y llegando hasta el Partido Conservador y los movimientos cristianos. Solo les falta el Partido Liberal que pretende traerlo a este pacto en cabeza de Cesar Gaviria y a través del poderoso Clan Char. Y todo ello adobado por un ingrediente regional: Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, Federico Gutiérrez y Luis Pérez de Antioquia y Alex Char del Caribe.
Emulando los tristemente pactos para “refundar la patria” de nuestro sangriento pasado de la parapolítica o el más reciente, el Pacto de Ciénaga, liderado por el Clan Cotes y el exsenador detenido Eduardo Pulgar, el expresidente Uribe Vélez avanza en su Pacto del Ubérrimo. El contenido y los propósitos son inocultables: seguir usufructuando el poder político en provecho propio y en beneficio de los superricos y supersuperricos; destrozar el Acuerdo de Paz y en particular el sistema de justicia transicional para evitar que la verdad que está conociéndose los comprometa política y penalmente; mantener un modelo económico extractivista de nuestros recursos naturales basado en un discurso negacionista del cambio climático y arrasar con el Estado de Derecho e imponer un régimen autoritario. Este es el pacto del continuismo uribista, de las desigualdades y de las violencias, respaldado por los sectores más reaccionarios de las élites económicas, alineado con la derecha internacional y financiado por la chequera del Palacio de Nariño y uno que otro Ñeñe que aparezca en el camino.
Este es un pacto político que pretende repetir los triunfos del uribismo de los últimos veinte años en las elecciones nacionales. Salvo la segunda vuelta de Santos, el uribismo se ha alzado con la victoria en todos los comicios, incluyendo el plebiscito por la paz. Aunque llegan al 2022 con una alianza muy potente, tendrán que enfrentarse a un ambiente favorable al cambio político en la sociedad colombiana, animados por los recientes triunfos progresistas en Chile, Bolivia y Estados Unidos.
Tres variables concurren en un escenario muy favorable para las fuerzas alternativas en las presidenciales del 22: los gobiernos alternativos en 65 municipios y capitales, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Santa Marta, y las gobernaciones del Magdalena y Boyacá; una movilización ciudadana permanente que se expresó en el paro nacional del 2019; y una acción parlamentaria unitaria de todas las fuerzas de oposición. Un programa y un acuerdo para un gobierno de coalición democrática que sepa articular estas tres variables podrá ofrecer una alternativa de cambio para la sociedad colombiana. Y de paso frenar la angurria y el apetito voraz del señor del Ubérrimo.
