Por: Verónica Meléndez C.
El derecho a la protesta social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991 a través de su artículo 37. El derecho a la protesta social está relacionado con otros derechos reconocidos y protegidos legalmente como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de locomoción y el derecho a la participación evidenciados en los artículos 20, 38 y 40 de la CPC y protegidas por la Corte Constitucional mediante Sentencias T-518/92, C-150/15 y C-223/17.
Como derecho, la protesta social tiene condiciones: debe ser pacífica y sin armas. Todo ciudadano colombiano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, de manera individual o colectiva. Durante la protesta todo ciudadano puede, libremente, pronunciar arengas, utilizar banderas y carteles para manifestarse públicamente.
La Corte Constitucional, en su Sentencia C-223/17 señala que “la ciudadanía puede ejercer la denominada Druck der Straβe, es decir, la presión ciudadana a través de mecanismos no cobijados por procesos tradicionales, sino por la acción colectiva en las calles”. La literatura de los movimientos sociales han denominado a lo anterior como “política de la disrupción”, entendida como “la coordinación de esfuerzos a favor de un interés colectivo” (Lalinde; 2019).
Como vemos, el derecho a la protesta, además de estar consagrado en la Constitución Política de Colombia, es esencial en las democracias robustas, donde se respeta el pluralismo ideológico, filosófico y político, las críticas al poder (en este caso al poder público) y se exigen derechos.
Este derecho está relacionado, asimismo, con un concepto de la democracia deliberativa que promueve la participación de todos y todas en las decisiones que les afectan, como lo hizo el Gobernador del Departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, recientemente, a quien, algunos medios de comunicación han coartado su derecho a la libre expresión y hace uso de la protesta social como un mecanismo para democratizar su opinión como ciudadano colombiano y visibilizar las voces de quienes no tienen otra alternativa que tomarse las calles para expresarse pública y pacíficamente.
Sectores tradicionales con poder e influencia han sido quienes, manipulando a algunos medios de comunicación, informan de manera parcializada, haciendo énfasis en sus medias verdades y mentiras.
Siendo la esencia de una democracia robusta, la protesta social es un motor de cambio y de profundas transformaciones sociales; así lo cree el Gobernador del Departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, cuando, informado por una investigación que acaba de aperturar la Procuraduría General de la Nación por su participación en la protesta en contra del proyecto de Reforma Tributaria, afirmó en Twitter que “jamás seré indiferente a los reclamos del pueblo que me eligió” (Ver: https://twitter.com/carlosecaicedo/status/1390841265223348224).
La democracia no es un sistema dado de por sí y para sí; la democracia se construye de abajo hacia arriba. El Gobernador, Carlos Caicedo, así lo demostró estando del lado de la gente. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, con su reciente investigación contra el Gobernador, demuestra que el Presidente, Iván Duque, quiere construir una “democracia” de arriba hacia abajo, donde sea el Ejecutivo quien le diga a los ciudadanos qué hacer y cómo hacerlo. En un país tan precarizado como el nuestro, es apenas normal que los ciudadanos y las ciudadanas se manifiesten públicamente en contra de las decisiones que les afectan y el Departamento del Magdalena, junto con el Chocó y La Guajira, son de los más afectados por las decisiones del Ejecutivo Central, así lo demuestran las altas cifras de pobreza monetaria y multidimensional.
Algunos alcaldes y gobernadores se asomaron tímidamente a la protesta; otros lo hicieron de manera invisible y otros, más arrodillados, dieron la razón al Presidente Duque y a sus políticas represivas de la economía, la política y la sociedad. La investigación de la Procuraduría no es más sino un mecanismo para judicializar la política (así lo ha venido denunciando reiteradamente el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo) y así “superar”, por medios aparentemente constitucionales, los bloqueos a los proyectos del Ejecutivo Central, una clara muestra de regresión de la democracia a un Estado represivo utilizando “la combinación de todas las formas de lucha”: judicializando, asesinando, reprimiendo, violentando, disolviendo, etc.
Como vemos, Colombia está cada vez más cerca de ser un Gobierno Autoritario camino hacia el Totalitarismo, encarcelando y asesinando descaradamente. Recordemos que en los primeros años del Tercer Reich se encarcelaba en los campos de concentración nazi a quienes se resistían a su dominación, para luego ser asesinados sistemáticamente: el 3 de septiembre de 1939 Reinhard Heydrich, Comandante del Servicio de Seguridad, ordenó el arresto inmediato de cualquier persona que se expresara públicamente con respecto a la victoria alemana nazi; y el 7 de diciembre de 1941, por orden de Adolf Hitler, Wilhelm Keitel, Jefe del Alto Comando de las Fuerzas Armadas Alemanas, emitió el decreto “Noche y Niebla”, el cual arrestaba y deportaba a los campos de concentración, a quienes se resistieran al régimen alemán.
Lo que está sucediendo en Colombia actualmente representa una de las órdenes del Reich colombiano, Álvaro Uribe, quien, a través de un trino en la red social Twitter, del que sabemos fue borrado por glorificar la violencia, manifestó que “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad” por considerar a la ciudadanía que se manifiesta libre y pacíficamente como “enemigos del Estado”.
Con la investigación contra Carlos Caicedo lo que se busca es silenciar las voces de los que, el Gobierno y sus aliados, consideran oponentes políticos, utilizando la comúnmente denominada lawfare. Al igual que en el derecho a la protesta social, a Carlos Caicedo, Gobernador del Departamento del Magdalena se le ha discriminado durante su mandato actual, negándole los recursos del orden central, obstaculizando los proyectos a través de algunos miembros de la Asamblea y obligándolo a utilizar solo un mínimo margen de maniobra para garantizar los derechos y remediar las carencias de los magdalenenses. Este trato humillante por parte del Centro Democrático y otros partidos de Gobierno, además de a Carlos Caicedo, se nos somete a los magdalenenses, a través de la asfixia económica, social y política, doblegándonos con poco o nada de comida, agua, salud y educación.
Esta es la “nueva” (vieja) política del Presidente Iván Duque; una política de exterminio sin importar la ciudadanía, “apropiándose” de territorios para sus aliados politiqueros que se dobleguen con tal de tener algo de pan para ellos y sus familias, como lo han venido haciendo desde La Conquista y La Colonia y así domar a la ciudadanía con pan y circo; más de lo mismo.
Esperamos que la protesta siga siendo la herramienta más poderosa de los ciudadanos colombianos, pues el efecto simbólico, cultural y político de las recientes manifestaciones, impulsan acciones colectivas en otros lugares de la región y del mundo. Asimismo, esperamos que más alcaldes y gobernadores se sigan sumando a las demandas de la ciudadanía, como lo hizo el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, para así derrocar el totalitarismo y vuelva la armonía (en medio de sus propias diferencias) a América Latina.
