Hemos estado visitando varias comunidades rurales, unas ubicadas en la subregión del Sur, las del Río, pero también recorrido el Norte, igualmente el Centro. Todas tienen un punto de encuentro, subsiste un gran conflicto por el acceso a la tierra, algunos ocupantes requiren que se clarifique la situación jurídica sobre diversos predios, otros que se les garantice el derecho a la propiedad que está siendo vulnerado permanentemente, a otros no se les restituyen sus predios arrebatados, igualmente que no se desconozca su ancestralidad sobre la madre Tierra en muchos consejos comunitarios; y por último los jornaleros que no tienen entrada a este activo productivo.
Éste es un reclamo histórico, estructural y vigente; los campesinos, las comunidades afros, los pueblos indígenas, y la nueva generación de habitantes del campo, están librando una dura batalla por alcanzar la seguridad alimentaria en el departamento y la región del Caribe colombiano, acceder a tierras, crédito y asistencia técnica.
En una entidad territorial como el Magdalena, donde existen más de trecientos cuarenta y cinco mil personas víctimas del desplazamiento forzado, los cuales fueron despojados de sus activos productivos, de su entorno y de su ecosistema, es por eso que en el momento actual subsisten unas cuatrocientas cincuenta mil niños, niñas, jóvenes, mujeres, afros, indígenas y hombres en un estado de extrema pobreza.
Indigna observar que en un mismo departamento se presente tan profunda desigualdad, por un lado latifundistas que poseen hasta doce mil y mas hectáreas de tierras, mientras miles de familias no tienen un metro donde cultivar y producir; podríamos afirmar que estamos siendo sometidos a la dictadura del poder feudal y de la gran propiedad terrateniente territorial.
Pero este proceso de acumulación de la tierra no ha sido pacífico; muchas personas fueron y son objeto de violación de los derechos humanos, de desalojo violento, de destrucción de sus bienes y pertenencias, de devastación y ruina, construyéndose un modelo de ruralidad en la que se puso en marcha una ecuación criminal, con despojo, masacres y muerte de muchos labriegos.
La gran espera que han tenido las comunidades que han sufrido silenciosamente el saqueo, la expoliación, el robo y el pillaje, hoy empieza a tener una leve luz en ése largo camino de la oscuridad; la institucionalidad que siempre estuvo ausente y que en múltiples ocasiones se colocó del lado de los violadores no puede continuar avalando un sistema tóxico y contaminado por el virus de la ilegalidad. Las instituciones en el territorio están constituidas, como dice nuestro mandato constitucional, para garantizar “un orden social justo”, no uno, que promueva, practique e imponga la exclusión social y la pobreza.
En el recorrido que estamos haciendo se ha podido encontrar, que algunas administraciones locales se han puesto al servicio de la politiquería, de los latifundistas que en algunos casos les aportan a sus campañas, que usan su escaso .poder para perseguir a las comunidades rurales, destruir su pequeña producción y someterlas al hambre y miseria.
La realidad de la ruralidad magdalenense carga también, con unos agentes de la ilegalidad, muchos se resisten a desaparecer, por que tienen un jugoso negocio asociado al narcotráfico de pequeña escala, promoviendo la comercialización y el consumo en veredas, caseríos y corregimientos, destruyendo la vida de los jóvenes del campo. Éstos actores criminales venden servicios sicariales a los poderosos latifundistas que los contratan para hacer labores de “limpieza social”.
Desafortunadamente, recogemos múltiples denuncias del atropello que comete la fuerza pública en diferentes municipios y veredas, golpeando a la gente, sometiendo a niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, a mujeres, indefensos todos a tratos crueles e inhumanos, todo por solicitud de inspectores, alcaldes y hasta dueños de fincas que les pagan por violar la constitución y las leyes que por el momento rigen en el país.
La gente quiere cambios, desea ser partícipe de un modelo de gobierno que asuma sus derechos, sus aspiraciones y sus propósitos de transformación económica y social; por eso tenemos un deber ético, social e institucional de acompañar a las poblaciones, protegerlas de la vulneración de sus derechos y asegurarles condiciones dignas de vida y trabajo .
Desde la vereda del ojo del agua, 18 de julio de 2021.
Aabular.
