La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y 10 meses al excongresista y miembro del cartel de la salud del Magdalena, Eduardo Pulgar, por el delito de tráfico de influencias y cohecho.
Sin embargo, la Corte Suprema le concedió una rebaja de un 45 por ciento de la pena por haberse acogido a sentencia anticipada y aceptar cargos, no obstante, le negó la posibilidad de la casa por cárcel y le impuso una multa de 324 salarios mínimos legales vigentes.
El excongresista era investigado por intentar sobornar a un juez de la República con $ 200 millones para, al parecer, favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosa Osío, en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
El proceso esra relacionados con un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta. Esa herencia es la Fundación Acosta Bendek (FAB), que a su vez controla el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La Corte calificó el hecho dentro del marco del delito de cohecho y no como tráfico de influencias como había indicado en la acusación la Sala de Instrucción del alto tribunal.
“Entiende la Sala, que distinto a lo discernido por la Sala de Instrucción, el senador Pulgar Daza hizo un claro ofrecimiento de dinero al funcionario judicial en el propósito de obtener de su parte decisión favorable respecto de la solicitud de restablecimiento del derecho que cursaba en su despacho, lo que desecha su encasillamiento en el tráfico de influencias y evidencia la configuración única del cohecho por ofrecer”, dijo la Sala.
PULGAR EN EL CARTEL DE LA SALUD
Pero Pulgar no solo es un corrupto, sobornador y posible extorsionador; los testimonios también lo involucran como uno de los tres jefes del cartel de la Salud del Caribe. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, también ha denunciado a Pulgar como integrante del cartel de la Salud en dicho departamento.
En diciembre de 2020, Caicedo envío a la Fiscalía General de la Nación una carta en la que solicitó que se reconozca al departamento como víctima dentro del proceso de Pulgar, el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el excongresista Luis Eduardo Díazgranados, entre otros, por los hechos denunciados por el presidente de la Red Ver de veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Las razones de esta petición estuvieron sujetas a una eventual comisión de delitos contra la administración pública. Según Caicedo la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), por ejemplo, se dio por unos intereses políticos, un “contubernio entre congresistas y empleados de la Supersalud”.
“En el Magdalena hubo intervenciones que afectaron gravemente la prestación del servicio de salud, lo cual constituye un hito. Aristizábal está siendo asesorado por una persona aún más señalada de tener sesgos políticos”, precisó en ese entonces Bustos Sánchez.
