Continúan los atropellos de la Fiscalía: Gobernador Caicedo

A propósito del comunicado de prensa emitido hoy por la Fiscalía General de la Nación, en el que anuncian un proceso de extinción de dominio contra el gobernador Carlos Caicedo, y contra el ex alcalde de Santa Marta Rafael Martínez y otros 4 ex funcionarios, el Gobernador del Magdalena se permite informar a la opinión pública:

1. Que el abogado del gobernador Caicedo y el del ex alcalde Martínez, el Dr. Iván Cancino González ha cuestionado fuertemente esta actuación procesal, pues data de 2019 y no se entiende por qué el comunicado de prensa se emite un año después.

2. Que el Dr. Cancino González ha señalado que tampoco se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es por “peculado a favor de terceros” y no en beneficio propio; no obstante, los bienes que se incautan son propios.

3. Que los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70m2 ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999. El segundo es un apto comprado sobre plano en el año 2003 de 80m2 y este posee dos depósitos 2×2 y su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles. El tercero es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes. Los demás bienes relacionados en el comunicado de prensa son de propiedad de los demás procesados.

4. Que los bienes del gobernador fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud y es este el proceso por el que anuncian la extinción de dominio.

5. Que es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los mismos, en el sentido que dichos centros de salud no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues de cinco (5) centros proyectados se terminaron cuatro: i) La Candelaria; ii) Bastidas; iii) La Paz; y iv) Taganga. El centro pendiente de concluir es el de Mamatoco, cuya rectoría es de Supersalud desde 2018 al intervenir desde ese momento la ESE del distrito de Santa Marta.

6. Que los contratos cuyas presuntas irregularidades investiga la Fiscalía, no fueron firmados por el gobernador Caicedo en su momento, sino por el gerente de la ESE Distrital.

7. Que la Fiscalía seccional Santa Marta viola la presunción de inocencia al decir que los bienes relacionados se “habrían sido adquiridos con dineros producto de irregularidades”, pues ni el gobernador del Magdalena ni los demás procesados han sido vencidos en juicio y se mantienen garantías del debido proceso.

8. Que frente a la irregularidad en la investigación de la Fiscalía del Magdalena, el Gobernador Caicedo acudirá, a través de su apoderado el Doctor Iván Cancino González, a instancias internacionales para la salvaguarda de sus derechos.

9. Que una vez se demuestre la inocencia en las actuaciones públicas de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, así como la legalidad de sus bienes, el Dr. Cancino buscará la insubsistencia, tal como ya ha sucedido en el pasado, de los funcionarios que de manera malintencionada han causado este nuevo perjuicio a los procesados y presentará la respectiva acción de repetición contra dichos procesados.

Finalmente, el gobernador ha insistido en que se observan evidentes motivaciones opacas de sectores políticos que han cooptado por años los entes de control en el nivel territorial, y que buscarían perjudicar, torpedear y obstruir su mandato. Al respecto, el gobernador Caicedo refrendó su compromiso con los magdalenenses para ejecutar a cabalidad el mandato obtenido en las urnas, siempre abierto al escrutinio ciudadano y a la cooperación con las instituciones y la justicia.