La jueza del caso consideró que son un peligro para la sociedad.
Los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez señalados en el caso de la muerte de Javier Ordóñez, fueron cobijados con medida de aseguramiento, enviados a la cárcel, al considerar la jueza que representan un peligro para la sociedad.
La jueza acogió las peticiones del El fiscal 94 contra las violaciones a derechos humanos, y la Procuraduría, quienes consideran que los uniformados no podían quedar en libertad porque podrían entorpecer la investigación, incluso estaría en riesgo la vida de los testigos.
A los dos uniformados les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
La defensa de los dos patrulleros ha insistido que las audiencias del caso sean reservadas por proteger los derechos de los presuntos victimarios de Ordóñez, la jueza del caso rechazó esa petición una vez más. Los abogados Jhon Olmos y Marino Moreno, que defienden respectivamente a Rodríguez y Lloreda, dijeron que habían recibido amenazas por redes sociales porque sus nombres habían salido en medios de comunicación e incluso que se conoció la dirección de uno de los policías, pero la togada les indicó que debían denunciar esos hostigamientos en la Fiscalía, no ante una jueza.
La jueza también relató los hechos que rodearon la muerte de Javier Ordoñez.
Según los exámenes forenses se trató de un homicidio violento, causado por varios golpes que le dejaron lesiones internas y externas, por lo que acogió los argumentos del fiscal del caso, quien basado en los reportes de Medicina Legal aseguró que hubo múltiples lesiones y tratos crueles e inhumanos que le causaron inmenso dolor a Ordóñez, y posteriormente la muerte.
